El Juzgado Especializado de Sentencia “A” absolvió este viernes a 19 acusados de participar en la tregua entre pandillas durante la administración de Mauricio Funes (2009-2014). El juez de sentencia estableció que los señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) solo cumplían órdenes de otras personas que fraguaron todo el proceso.
Entre los procesados en este nuevo juicio están el ex mediador Raúl Mijango, así como el exdirector de Centros Penales Nelson Rauda, el ex inspector de Centros Penales, Anilber Eduviges Rodríguez y Juan Roberto Castillo Díaz. Los señalados fueron absueltos por los delitos de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios y agrupaciones ilícitas.
Empero, el juez sí condenó a Rauda y a Rodríguez a tres años de trabajo comunitario por el delito de actos arbitrarios. A la salida del juzgado, Rauda sostuvo que «todos sabían» quienes eran las personas detrás de la tregua y que él solo cumplía un trabajo encomendado en el marco de una política.
Por su parte, el fiscal del caso dijo que analizarán que curso seguirán en este caso, en el que por segunda ocasión fallan en conseguir una condena, luego que en agosto de 2017 se absolviera a los mismos implicados bajo las mismas acusaciones.
De la misma forma negó que no existan investigaciones abiertas contra los autores intelectuales de la prensa, esto en respuesta al juez, quien recomendó que se iniciara a seguir la pista de los señalados por concebir y ordenar acciones para que la política funcionara.
Durante el juicio declararon entre otros el ministro de Defensa, David Munguía Payés, quien durante la tregua fue ministro de Seguridad. El militar afirmó que la tregua «nació en el gabinete de seguridad» y que lo que desarrollaron fue un proceso de pacificación.
Además indicó que si la Fiscalía no lo había sentado en el banquillo de los acusados en este juicio, es porque no ha descubierto indicios que lo liguen con algún ilícito, a la vez que negó haber pagado a pandilleros durante la tregua, pero sí a presos que sirvieron como «informantes» para permear la estructura y el funcionamiento de las pandillas.
El caso
Nelson Rauda, exdirector de Centros Penales. Foto D1: Miguel Lemus.
El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador instaló a finales del pasado mes de abril el nuevo juicio contra los operadores de pandillas, entre ellos Raúl Mijango, un exguerrillero que fungió como uno de los principales mediadores de la tregua.
En esa ocasión, Mijango llegó a los tribunales de justicia junto con sus abogados y habló con la prensa en un tono desafiante. Dijo, entre otras cosas, que su único delito había sido participar en un proceso de pacificación en el que se salvaron miles de vidas.
“Vengo nuevamente. O más bien dicho, vengo a continuar con este circo barato que inventó Luis Martínez y Douglas Meléndez. Aquí estamos para enfrentar nuevamente el caso”, dijo a los periodistas.
El mediador dijo no arrepentirse de haber participado en el proceso de tregua entre pandillas. “Yo me enorgullezco. Creo que es lo mejor que he hecho en mi vida. Cerca de 6 mil vidas se salvaron a partir del esfuerzo que nosotros hicimos”
El juicio por la tregua entre pandillas se realizó en agosto de 2017, donde el juez absolvió a todos los imputados. Pero la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso en una Cámara Especializada y esta ordenó realizar nuevamente el juicio.
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la repetición del juicio en agosto de 2018, tras ratificar la decisión de la cámara de apelaciones.
Según el órgano Judicial, en el primer juicio fueron liberados los procesados porque “quedó demostrado que la tregua fue producto de una política de Estado”, por lo que el juez consideró que “algunos imputados solo obedecieron órdenes”.
Los cargos que estas personas enfrentarán nuevamente son los de agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos en las cárceles, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.
Nelson Rauda, exdirector de Centros Penales. Foto D1: Miguel Lemus. Foto D1: Miguel Lemus.
Según la Fiscalía, además de permitir el traslado irregular de los principales líderes de las pandillas de la cárcel de máxima seguridad a otras con menor régimen, los imputados permitieron el ingreso de electrodomésticos, teléfonos y la realización de fiestas nudistas en las cárceles.
Entre los procesados también se encuentra el ex director general de Centros Penales Nelson Rauda (2012-2013), quien enfrentará otro juicio por el supuesto manejo irregular de los fondos de las tiendas de las prisiones.
Directores de Centros Penales
Rodil Hernández y Nelson Rauda eran acusados por los delitos de “actos arbitrarios y administración fraudulenta”.
Según la Fiscalía, Rauda y Hernández realizaron un “mal uso” de más de 200 mil dólares entre los años 2012 y 2014 para pagos de “inteligencia”, gatos que no señala la Ley Penitenciaria.
Durante el juicio, uno de los fiscales indicó que la ley establece que los fondos penitenciarios serán utilizados en beneficio de la población reclusa y en mejoras de los centros penales.
Por su parte, Hernández aseguró que sus actuaciones “estuvieron apegadas a derecho” y que nunca actuó en detrimento de la población privada de libertad.
De acuerdo con la acusación fiscal, el dinero se usó para el pago de salarios, bonificaciones y viáticos de personas que presuntamente colaboraron con la tregua entre pandillas impulsada por el entonces presidente Mauricio Funes.
Entre 2012 y 2014, las principales pandillas de El Salvador pactaron una tregua para reducir los índices de violencia en el país, armisticio que fue impulsado por Mauricio Funes, según reconocieron él mismo y otros funcionarios de alto rango.
Funes, asilado en Nicaragua y procesado por corrupción, atribuyó a la tregua entre las pandillas una sensible baja en las cifras de homicidios, pero tras su fin, el país experimentó alzas sostenidas de muertes violentas hasta marcar las 103 por cada 100.000 habitantes en 2015.