La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el rompimiento del acuerdo de procedimiento abreviado que pactó con Ana Ligia de Saca para que ella confesara que lavó más de $17,000, 000 a cambio de evitar ser condenada a prisión.
En abril se supo que la exprimera dama, y 15 personas más acusadas de lavado de dinero, iban a confesar su culpa, a reintegrar al Estado el dinero presuntamente saqueado por el expresidente Elías Antonio Saca y, a cambio, los fiscales iban a pedir penas menores de cuatro años de cárcel para que pudieran ser sustituidas por trabajos de utilidad pública.
El acuerdo se rompió, sin embargo, porque los defensores de la imputada fueron ambiguos en la redacción de la confesión y no quedaba claro, según el jefe fiscal German Arriaza, la cantidad de dinero que la exfuncionaria devolvería.
Antes del mediodía de este 13 de mayo los fiscales ya habían advertido que el acuerdo estaba a punto de caerse. Oficialmente la Fiscalía pidió al Juzgado Séptimo de Instrucción la anulación del acuerdo de procedimiento abreviado.
Todo indica, entonces, que la exprimera dama se enfrentará a un mínimo de ocho años de cárcel y a un máximo de 15, según lo establece el Código Penal.
A principios de agosto del año pasado, el expresidente Saca confesó que había sustraído dinero del Estado para propósitos personales, para sus empresas y para su familia, así como también para beneficiar a terceras personas. La confesión le sirvió para obtener una pena menor en prisión por delitos de corrupción.
Junto a él también confesaron los exfuncionarios Julio Rank, César Funes, Élmer Chárlaix y otros mandos medios que trabajaron con él en el periodo 2004-2009 en Casa Presidencial.
Fue el Tribunal Segundo de Sentencia el que aceptó la petición de procedimiento abreviado.
Esto mismo iba a realizarse con la exprimera dama. El acuerdo, sin embargo, fracasó.