Los jefes fiscales de Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras se reunieron en Antiguo Cuscatlán para firmar un convenio de cooperación que amparará una colaboración más estrecha y fluida entre los países aliados en la lucha contra el tráfico ilegal de personas, crimen organizado y la corrupción, como parte de la ampliación de la Operación Escudo Regional.
Los fiscales generales William Barr, de Estados Unidos; Raúl Melara, de El Salvador; María Consuelo Porras, de Guatemala; y Óscar Fernando Chinchilla, de Honduras firmaron el convenio de cooperación en la sede de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley.
“Se han reforzado los lazos de cooperación”, dijo el fiscal salvadoreño.
El fiscal estadounidense afirmó que su visita al país más pequeño de Centroamérica tiene como propósito mostrar el apoyo a las autoridades que lideran la lucha contra el crimen en el Triángulo Norte. Recordó, además, que Escudo Regional ha dado frutos en la persecución y neutralización de actividades delictivas.
En 2017 Escudo Regional entró en vigor y, desde esa fecha, más de 10,000 pandilleros y colaboradores fueron llevados ante la justicia solo en El Salvador.
“Juntos no solo podemos enfrentar sino vencer a estos grupos criminales”, dijo Barr.
Un comunicado de la Embajada estadounidense en el país señala que como parte de Escudo Regional fueron realizados operativos simultáneos en el Triángulo Norte en septiembre de 2017, abril y noviembre de 2018.
Dicha operación, según datos de la Embajada de Estados Unidos, ha permitido desde 2017 la imputación de cargos a unos 7.000 pandilleros solo en El Salvador.
Entre estos se encuentra el cabecilla de la MS13, Armando Melgar, señalado de dirigir las operaciones de dicha estructura en la costa este de Estados Unidos.
Datos de la ONU de 2016 revelan que el Triángulo Norte concentra el 11 por ciento de los homicidios de América Latina, siendo la mitad de las víctimas jóvenes entre 15 y 29 años.
Solo en El Salvador, las pandillas poseen más de 600 grupos desplegados por todo el territorio con unos 60.000 miembros, a los cuales el Gobierno atribuye la mayoría de los crímenes.
Según las autoridades salvadoreñas, estos grupos criminales son responsables de los índices de violencia de entre 103 y 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes registrados entre 2015 y 2018, cifras que ponen al país como uno de los más violentos del mundo.