Una corte antimafia de El Salvador condenó este viernes a cinco pandilleros a penas de entre 43 y 65 años de prisión por el asesinato de un inspector de la Policía Nacional Civil (PNC) y su hijo en noviembre de 2016.
Uno de los fiscales del caso explicó a periodistas que cuatro de los condenados purgarán 43 años de cárcel por realizar labores de «vigilancia de las víctimas el día del hecho», registrado en la localidad de Sensuntepeque (noreste).
Añadió que el «autor principal, quien disparó contra las víctimas», recibió una sentencia de 65 años de cárcel por la muerte del inspector identificado como Lorenzo Antonio Rojas y su hijo Marvin Edgardo Rojas, mayor de edad.
El uniformado y su hijo fueron atacados en una carretera que conduce hacia el volcán de San Salvador con disparos de un fusil AK-47, según información de la PNC.
El fiscal explicó que uno de los elementos principales para conseguir la condena fue la declaración de un pandillero, quien obtuvo el criterio de oportunidad y dio detalles sobre la planificación del doble crimen para no ser procesado.
Según las autoridades de seguridad salvadoreñas, las pandillas buscan presionar al Gobierno con los ataques contra los miembros de los cuerpos de seguridad para obtener beneficios carcelarios para sus líderes.
La PNC registra en 2019 al menos 19 bajas por ataques armados contra sus elementos, principalmente cuando se encuentran en su día libre, mientras que el Ejército registra 12 elementos ultimados.
Durante el año 2018 fueron ultimados 32 policías, 2 empleados administrativos de ese cuerpo de seguridad, 17 militares, 3 custodios de Centros Penales y un estudiante de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
El Gobierno responsabiliza a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias de los altos índices de homicidios de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2018, cifras que ponen a la nación como una de las más violentas del mundo.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones.