La Fiscalía General de la República (FGR) allanó la tarde de este viernes las oficinas de Alba Petróleos y 26 empresas relacionadas a presunto lavado de dinero.
La FGR también allanó la oficina de José Luis Merino, uno de los máximos dirigentes del FMLN, quien es investigado por los Estados Unidos por sus presuntos nexos con el crimen organizado.
El operativo comenzó a las tres de la tarde, cuando un grupo de fiscales y policías llegó a la oficina central de Alba Petróleos, ubicada en el bulevar Orden de Malta de Santa Elena, municipio de Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
“Estamos procediendo a realizar un registro en las instalaciones de la sociedad ALBA, con sus distintas manifestaciones, por ejemplo, ALBA Petróleos, ALBA Alimentos, ALBA gas y otras 24 empresas más. Es una orden de registro, autorizada por el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador con la finalidad de incautar documentación, equipo informático y toda la información que nos pueda servir para una investigación que estamos realizando”, explicó German Arriaza, director Anticorrupción y contra la Impunidad de la FGR.
El jefe fiscal explicó que la investigación comenzó por indicios de lavado de dinero. Se negó a explicar cuáles fueron esos indicios detectados. Tampoco dio a conocer si Estados Unidos facilitó información al país para iniciar el caso.
Arriaza tampoco quiso explicar los nombres de las personas que pueden ser imputadas por lavado de dinero. «En materia penal se investigan conductas…dependerá del desarrollo de la misma», expresó.
A través de un comunicado, la Fiscalía informó que allanó las empresas ALBA Petróleos, Gasohol, Centro de Investigaciones Científicas de ALBA Petróleos, Consultores Técnicos Empresariales, Energía Orgánica, Renova Energy, Transporte Velmont, Precocidos de El Salvador, Maya Grren Power, ALBA Alimentos, ALBA Gas, Asociación Instituto Schfik Jorge Hándal, Coordinadora y Asesora de Proyectos, DIAGRIN, ENEPASA, Fundación Albapetróleos, Gaubri Group, Inversiones Flolat, Inversiones Valiosas, Las Vistas, SAG, Termopuerto Limitada, Tu Financiera de RL, Fibras de El Salvador.
El semana pasada trascendió que el Departamento de Estado de Estados Unidos, junto con los Departamentos de Defensa y Justicia, añadió al viceministro de Relaciones Exteriores para Inversiones Internacionales y alto dirigente del FMLN, José Luis Merino, en una lista de antiguos o actuales funcionarios del Triángulo Norte Centroamericano (El Salvador, Guatemala y Honduras), que están vinculados con actos de corrupción.
La información fue dada a conocer por el Departamento de Estado a través de documentos desclasificados.
En el informe compartido por el Departamento, se señala a Merino como un beneficiario de Alba Petróleos, una compañía asentada en El Salvador cuyas acciones pertenecen en un 60% a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA), sancionada por Estados Unidos en 2019.
De la misma forma se sostiene que Merino y su hermano, Ismael Merino Cabrera, movilizaron $400 millones por medio de compañías fachada hacia cuentas off-shore en Panamá. Además se cuestiona que nunca haya sido procesado judicialmente y que goce de inmunidad como viceministro.
Foto D1. Miguel Lemus.
En la mira de los Estados Unidos
En agosto de 2018, congresistas estadounidenses pidieron al presidente Donald Trump sancionar a José Luis Merino y Enrique Rais con la Ley Magnitsky por su presunta vinculación con corrupción y crimen organizado.
Incluso, los congresistas le enviaron a Trump un documento en el que había una descripción sobre las actividades de José Luis Merino. El informe decía lo siguiente: “José Luis Merino es un alto miembro del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y actual viceministro de Relaciones Exteriores para el gobierno de El Salvador. Él y Enrique Rais son copropietarios de la empresa de gestión de residuos, MIDES S.A. de C.V, actualmente atrapada en una disputa multimillonaria”, dice el documento que los congresistas estadounidenses le enviaron a Donald Trump.
Luego agregaba: “Se cree que Merino tiene vínculos con organizaciones criminales transnacionales. En 2008, funcionarios colombianos informaron que los correos electrónicos en la computadora portátil del comandante asesinado de las FARC, Raúl Reyes, vincularon a Merino a una red de tráfico de armas”.
En julio de 2016, el prominente senador federal del Partido Republicano, Marco Rubio, cuestionó por qué el gobierno norteamericano, en aquel momento encabezado por Barack Obama, no había sancionado a Merino, a quien señaló como lavador de dinero y contrabandista de armas.
En febrero del año pasado, La Prensa Gráfica publicó que el apoderado legal de Sigfredo Israel Merino, hermano de José Luis Merino, se autovendió un buque a 1 dólar y lo usó para realizar millonarias compras de combustible. El buque, que tiene la capacidad para transportar 18 mil barriles, hizo alrededor de siete transacciones de gasolina valorados cada una entre $18 y $20 millones.
Según informó en esa ocasión La Prensa Gráfica, el barco se encuentra varado en el puerto de La Unión Centroamericana, en la bahía de La Unión, desde el 15 de octubre de 2015. Cuando Merino fue cuestionado por ese caso, este guardó silencio.
FOTO D1 archivo. José Luis Merino.