La Dirección General de Centros Penales (DGCP) identificó este sábado a los cinco miembros de la pandilla Barrio 18 asesinados el viernes durante una reyerta ocurrida en el interior del Penal de Izalco, Sonsonate.
La entidad estatal, que no brindó las edades de los pandilleros, informó en un comunicado de que los miembros de dicha estructura criminal respondían a los nombres de Abelardo Gutiérrez Rivera, Orlando José Mejía Palacios, Mario Alexander Mazín Barrientos, Juan Ernesto Guzmán Guardado y Jaime Antonio Barahona Ayala.
Indicó que los cuerpos de estas personas, quienes cumplían diferentes condenas por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal «para que los familiares se presenten a retirarlos».
La DGCP apuntó que en el Centro Penal de Izalco (oeste), lugar donde sucedió la reyerta, «estará en estado de emergencia por 15 días» y añadió que las autoridades siguen investigando el hecho para «determinar responsabilidades».
Las víctimas presentaban «diferentes golpes y signos de asfixia», según la Dirección de Centros Penales que además señaló que el hecho «se dio aparentemente por una purga interna dentro de la misma pandilla».
Esta es la segunda riña ocurrida en el interior de una cárcel salvadoreña que se salda con varios muertos, dado que a comienzos del pasado mes de marzo fueron asesinados cuatro miembros de la referida pandilla en la cárcel de Quezaltepeque (oeste), también por una purga.
En agosto de 2015, en esta cárcel murieron 14 reos a raíz de una purga en la estructura criminal y el hallazgo de los fallecidos se produjo cuando los guardias de la prisión realizaban el encierro rutinario de los reclusos.
La penitenciaria de Quezaltepeque fue uno de los seis recintos penitenciarios en los que las autoridades de El Salvador aplicaron una serie de medidas extraordinarias de seguridad en abril de 2016, como parte de una ofensiva gubernamental contra las pandillas para recuperar el control de las prisiones.
En agosto de 2018, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma legal con la que dichas medidas, que incluyen la suspensión de las visitas y el recrudecimiento del régimen de seguridad, se volvieran permanentes y se aplicaran en más cárceles.
El Gobierno atribuye a las «maras» o pandillas los índices de violencia de entre 103 y 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes registrados entre 2015 y 2018, cifras que sitúan a El Salvador como uno de los países más violentos del mundo