El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la empresa Alba Petróleos de El Salvador, subsidiaria de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la cual es dueña de un poco más del 50% de sus activos.
Las sanciones forman parte de la ofensiva del gobierno estadounidense para bloquear los activos económicos del régimen de Nicolás Maduro y obligarlo a que abandone el poder.
La sanción fue confirmada por la jefe de fracción del FMLN Nidia Díaz, quien calificó la decisión como “injerencia” por parte de Estados Unidos y una decisión enmarcada dentro de una “guerra económica” contra el gobierno de Venezuela, del cual el todavía partido oficial es aliado incondicional.
A principios de marzo, un vocero del Departamento del Tesoro confirmó la sanción al portal Insight Crime: “Como resultado de nuestra designación de PDVSA, nuestras sanciones también aplican a cualquier entidad en la que PDVSA tenga propiedad, de forma directa o indirecta, del 50% o más”, sostuvo el portavoz.
PDVSA fue sujeto de nuevas sanciones por parte del gobierno estadounidense a finales de enero de este año, por considerar que: “la empresa petrolera estatal ha sido durante mucho tiempo un vehículo para la corrupción. Se han diseñado una variedad de confabulaciones para malversar miles de millones de dólares para beneficio personal de funcionarios y empresarios venezolanos corruptos”.
En ese entonces, el Departamento del Tesoro ya advertía de sanciones contra subsidiarias de PDVSA debido a la referida ley del “50% o más”, es decir, empresas en las que la estatal tenga control accionario en un más de 50 por ciento.
Debido al efecto extensivo de las sanciones, estas ´también atañen a Albanisa, subsidiaria de PDVSA en Nicaragua, la cual funciona con un régimen similar ak de Alba Petróleos en El Salvador.
Alba Petroleos se creó en 2006 como una sociedad entre PDV Caribe, empresa subsidiaria de PDVSA, y la Asociación Intermunicipal Energía para El Salvador (ENEPASA), conformada por alcaldes de municipios gobernados por el FMLN.
En Nicaragua, PDVSA es dueña del 51% del total de Albanisa, mientras que otro grupo de empresas sombrilla vinculadas al presidente nicaragüense Daniel Ortega son propietarias del otro 49%.
Como parte de las sanciones, ninguna persona o compañía estadounidense puede realizar transacciones comerciales o de otra índole con tanto Alba Petroleos como Albanisa, así como venderles bienes, servicios o tecnología, so pena de también ser sancionadas por el gobierno de su país.
Luego de conocerse las sanciones contra PDVSA en enero pasado, directivos de Alba Petróleos consultados por la prensa temieron que estas se extendieran a El Salvador y que eso les impida recibir combustible de PDVSA ni comprar crudo en Estados Unidos.
El entramado empresarial de PDVSA en Centroamérica
El investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional de Estados Unidos, Douglas Farah, pidió en septiembre de 2017 a la Comisión para el Control Internacional de Narcóticos del Senado estadounidense que se investigara a las filiales de PDVSA en El Salvador y Nicaragua por supuestas actividades relacionadas con lavado de dinero.
Farah, quien ha visitado varias veces el país y conoce la realidad salvadoreña, señaló ante la comisión del Senado Federal que PDVSA y sus filiales es la principal estructura para lavar dinero usada por el régimen de Nicolás Maduro y otros grupos como las FARC, antigua guerrilla colombiana que luego de la firma de los Acuerdos de Paz en el país sudamericano, pasó a convertirse en partido político.
En su intervención ante el Congreso, Farah calificó a Alba Petroleos en El Salvador como “una parte fundamental de un programa multinacional de lavado de dinero que fue construido y operado por miembros de la alianza bolivariana ALBA”.
Cuando las subsidiarias se establecieron, PDVSA acordó con ellas vender sus productos a precios reducidos, basándose en la premisa de que ALBA Petróleos como su similar nicaragüense podrían utilizar sus ganancias para invertir en el desarrollo de la educación, la atención médica y otros bienes sociales, aseguró Farah ante la Comisión.
No obstante, el investigador sostiene que estas compañías se alejaron de su declaración de propósitos y según afirmó ante los senadores, ALBA Petróleos generó entre 2012 y 2016 utilidades por $ 1.2 mil millones, de las cuales prestó más del 90 por ciento a otras compañías que sus líderes controlaban fuera de El Salvador.
Una investigación publicada en 2016 por el periódico digital El Faro descubrió que Alba Petróleos canalizó más de $300 millones en empresas en Panamá a través de compañías de depósito. Dichas remesas fueron disfrazadas como préstamos de ALBA Petróleos y sus subsidiarias.
“ALBA Petróleos y Albanisa (Nicaragua) han establecido extensas y casi idénticas redes de empresas que se ocupan de todo: Desde paneles solares a tanques de agua, líneas aéreas a la agricultura, empresas e instituciones financieras a la refinación del petróleo. En ambos países, los documentos públicos exigidos a estas empresas han desaparecido en gran medida del registro en los últimos años”, señaló el investigador.
El poder detrás de Alba Petróleos
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En aquel entonces, el investigador identificó al dirigente del FMLN, José Luis Merino, como el hombre fuerte detrás de las operaciones de Alba Petróleos en El Salvador, una figura fuertemente cuestionada por personeros del gobierno estadounidense.
El 19 de junio de 2017, un grupo congresistas federales estadounidense escribió al Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, solicitando una investigación contra las “actividades bancarias de Merino “que apuntan hacia asociaciones de larga data con organizaciones transnacionales que son objeto de investigaciones penales estadounidenses por tráfico de cocaína y blanqueo de capitales.
La carta dice, además, que Merino “adquirió cientos de millones de dólares en riquezas inexplicables mientras ayudaba a las guerrillas de las FARC con elementos corruptos del gobierno venezolano y otros grupos delictivos a mover los fondos a un puerto seguro”.
Diversas personalidades y entidades en Estados Unidos han denunciado los nexos de Merino con el crimen organizado internacional. A finales de junio de 2017, la presidenta del Subcomité del Medio Oriente y África del Norte en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Ileana Ros-Lehtinen, dijo que es urgente que José Luis Merino sea nombrado capo del narcotráfico.
Tanto Ros-Lehtinen como el también congresista Eliot Engel dirigieron en agosto de 2018 una carta al presidente Trump en la que solicitan que incluya a Merino en la lista Magnitsky, permite a los Estados Unidos golpear las fuentes económicas de los sancionados, quienes a partir de su incorporación a la lista negra no pueden tener cuentas bancarias en Estados Unidos.
Las sanciones contra PDVSA
Las sanciones por parte del gobierno estadounidense a PDVSA iniciaron en la segunda administración del presidente Barack Obama (2013-2017) por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés).
Estas han ido creciendo y las personas castigadas con esas medidas han pasado de seis a unas 70 actualmente, incluido Nicolás Maduro, al que el actual Gobierno estadounidense, que apoya al líder parlamentario Juan Guaidó, no reconoce como presidente.
Expertos financieros sostienen que cuando OFAC incluyó a PDVSA en las sanciones, la medida se presentó como «la opción nuclear», es decir la última y final, pero después se han anunciado sanciones secundarias contra entidades financieras no estadounidenses que presuntamente están facilitando las actividades de la principal empresa venezolana.
Esto ha llevado al punto en que la banca estadounidense considere a PDVSA como “radioactiva”.