Estados Unidos deportó en lo que va del 2019 a 3,392 salvadoreños, un 13.8 % más que en el mismo lapso de 2018, informó este lunes la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador.
La fuente estatal, que no explicó las razones del incremento, detalló que el número de compatriotas deportados entre el 1 de enero y el 15 de marzo pasados superó en 412 casos a los 2,980 computados en 2018.
El Salvador mantiene así la tendencia al alza en la cifra de retornados desde Estados Unidos registrada desde inicios del 2019, situación contraria a 2018, año que estuvo marcado por una baja constante.
El subsecretario de Estado para Asuntos Consulares de EE.UU., Carl Risch, destacó en julio de 2018 que El Salvador era el único país del Triángulo Norte de Centroamérica, completado por Guatemala y Honduras, en registrar una baja en la migración irregular.
Por otra parte, la DGME señaló que las autoridades de México repatriaron entre el 1 de enero y el 15 de marzo pasados a 1,685 salvadoreños, una disminución del 14,5 % respecto a las 1.973 deportaciones de 2018.
Estos retornos, a los que se sumaron 13 más procedentes de otros países que no fueron precisados, totalizaron 5,090 deportaciones, 115 casos más que los 4.975 del año anterior y que representan un alza general de las deportaciones del 2,3 %.
La DGME añadió que entre estos deportados se encuentran 398 niños y adolescentes, de los que 15 llegaron desde Estados Unidos y 383 de territorio mexicano.
Los registros de la DGME dan cuenta de que entre las razones que motivan la migración irregular en el país se encuentran la búsqueda de mejores condiciones de vida, la reunificación familiar y la violencia.
El pasado 20 de febrero, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kirstjen Nielsen, agradeció a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras su «determinación» para detener el flujo de migrantes sin documentos que buscan llegar a su país, principalmente en caravanas.
En esa fecha, Nielsen firmó una «declaración conjunta» con ministros y secretarios de seguridad del Triángulo Norte de Centroamérica en la que asumieron «el compromiso histórico de enfrentar el desafío que supone la migración irregular».