La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avaló el jueves la constitucionalidad de la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) que le da autonomía a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la entidad.
La reforma se encontraba en una encrucijada debido a la acefalía que sufrió la Sala de lo Constitucional de julio a noviembre del 2018 y el veto por parte del presidente Salvador Sánchez Cerén, que lo consideró inconstitucional.
En su resolución, la Sala dictaminó que la UIF tiene facultad de inteligencia financiera más no de persecución, por lo que en el caso de detectarse un delito, acudirá a la Fiscalía para procesarlo.
Al conocer el fallo de la Sala, Sánchez Cerén anunció que sancionó la medida y ordenó su publicación en el Diario Oficial.
La medida fue vetada por el mandatario en julio pasado y rechazada por la bancada de su partido, el FMLN. Casi tres meses después, el 17 de octubre de 2018, la Asamblea Legislativa superó el veto y remitió a la Sala de lo Constitucional para que tomara la palabra final. La Sala no se conformaría, sino hasta un mes más tarde, luego que la Asamblea desentrampó la elección de los magistrados.
La Fiscalía cuestionó la decisión de Sánchez Cerén y del FMLN de bloquear la reforma, ya que esta obstaculizaba la investigación de delitos de corrupción y lavado de dinero, así como personas relacionadas con los mismos, como el expresidente Mauricio Funes.
La falta de esta reforma también provocó que El Salvador fuera expulsado del Grupo Egmont, una entidad que aglutina a las unidades de inteligencia financiera de 159 países, en la que se comparte información de vital importancia para la resolución de delitos financieros.
Con la decisión de la Sala, El Salvador puede aspirar a ser reintegrado a este cónclave, en la reunión anual que tendrá alrededor de septiembre y octubre de este año en los Países Bajos.