La Fiscalía General de la República localizó este martes una camioneta de lujo marca BMW que pertenece al exfiscal general Luis Martínez, la cual procederá a incautar, como parte de los procesos legales que se le siguen al abogado por delitos de corrupción.
Según una publicación en la cuenta de Twitter de la Fiscalía, el automotor se encontraba embancado en un taller en la ciudad de Santa Ana
Martínez se encuentra recluido desde principios de 2017 en el centro penal La Esperanza (Mariona), donde ya cumple una condena por revelar material reservado. Además aguarda una vista pública por los delitos de omisión de investigación, por negarse a investigar una red de corrupción judicial que trabajaba al servicio del exempresario Enrique Rais, actualmente prófugo de la justicia.
Asimismo se encuentra procesado por lavado de dinero y otros delitos, como parte de la denominada “Operación Corruptela”, que implica una red de venta de justicia por parte de la administración de Luis Martínez, para favorecer legalmente a Rais y el expresidente Mauricio Funes, entre otros personajes.
El Ministerio Público sostiene que del dinero sustraído de las cuentas especiales de la Fiscalía y las dádivas que recibió Martínez se pagaban consultorías ficticias por parte de personas afines al exfiscal Martínez y se realizó contratación de personal que le ayudara a este a mantener el control estructural sobre la institución.
También se pagaron entre otras cosas, remodelaciones de las viviendas de Luis Martínez, blindaje de una camioneta de lujo otorgada presuntamente por el expresidente Funes, pago de recibos de telefonía y unos viáticos irregulares con los que el exfiscal y su séquito pagaba artículos lujosos.
En dicha operación, sostiene la Fiscalía, se sustrajo más de $735 mil de estas cuentas especiales para todas las actividades ilícitas contempladas en la “Operación Corruptela”, por el cual son procesadas 25 personas, entre ellas el expresidente Funes y Enrique Rais.
Ambos habrían otorgado dádivas a Martínez y su séquito que en conjunto sobrepasaban los $1.5 millones, para que no fueran investigados por varios casos en los que estaban implicados. En relación a Funes, estos eran las irregularidades ocurridas en la construcción de la presa El Chaparral y la tregua entre pandillas en 2012.
En noviembre de 2018, la Fiscalía procedió a intervenir seis propiedades de Martínez, con el fin de trasladarlas a control del Estado. Entre ellas se encuentran una vivienda en la residencial Joyas de las Piletas en Santa Tecla y una casa de campo en carretera a Comasagua, departamento de La Libertad.