En el último año, Rolando Castro ha sido vinculado a una serie de oscuros personajes incluyendo al exempresario de la basura Enrique Rais, prófugo de la justicia quien tiene en su contra órdenes de captura por juicios que incluyen delitos como cohecho y falsedad material.
Según fuentes consultadas por Diario 1, Rolando Castro presuntamente infringe la ley municipal al ser al mismo tiempo empleado de la Alcaldía de San Salvador y también empleado de Rais y sus empresas, las cuales son importantes proveedoras de servicios de la Alcaldía de San Salvador. Enrique Rais, a su vez, ha sido recomendado por congresistas de Estados Unidos para ser incluido en la lista Magnitsky, junto al oscuro personaje José Luis Merino, prominente dirigente del FMLN, ambos por haber cometido serias violaciones a los derechos humanos y presuntos crímenes conexos con la corrupción y crimen organizado a nivel internacional.
Foto D1.
Banda de crimen organizado vinculado a la Mara Salvatrucha
De acuerdo con fuentes policiales que prefirieron el anonimato, Rolando Castro es investigado por tener un grupo de colaboradores vinculados a crímenes como robo de fondos públicos, falsedad material e instigación de desórdenes públicos. Algunos de estos supuestos colaboradores tienen vínculos directos o son miembros de clicas de la pandilla MS-13, una de las más grandes y temibles pandillas que operan en el país.
Este es el caso concreto de Blanca Marisol Umanzor, una supuesta dirigente del Movimiento Social Comunitario (MSC), organización de choque al servicio de Rolando Castro, que solía aparecer en diversas actividades junto al empleado municipal y que además es uno de los vasos comunicantes entre Castro y la pandilla MS-13.
Blanca Marisol Umanzor. A la derecha, arriba, junto a Rolando Castro, quien en horas laborales en la Alcaldía, realiza actividades callejeras de desestabilización.
Fuentes policiales, que hablaron con Diario 1, aseguraron que Umanzor integra la clica Harrison Locos que opera principalmente en el centro de San Salvador y que, según las investigaciones, está ligada a delitos como extorsión, secuestro y limitación a la libre circulación.
De hecho, Umanzor fue arrestada el 3 de octubre de 2018 y guarda prisión por los delitos de amenazas con agravación especial, hurto agravado y limitación ilegal a la libre circulación. Su arresto se dio en las inmediaciones del Barrio San Jacinto de esta capital, en un operativo policial que culminó con la detención de al menos otros 15 presuntos pandilleros.
Según el requerimiento fiscal, los hechos de los que se acusa a Umanzor se remontan a agosto de 2016 en la comunidad Roque Amaya de San Jacinto, cuando ella, junto a su hijo ya fallecido, llegaron a la vivienda de una de las víctimas que rindió su testimonio para dar con el paradero de la pandillera.
En esa ocasión, Umanzor amenazó de muerte a la víctima, debido a que ella y su familia no querían colaborar con la pandilla. Posteriormente, otros miembros de la estructura de Umanzor procedieron a desalojar a la víctima y a su familia, privándola además de las pertenencias que tenía en la casa.
La implicada y otras ocho personas fueron enviadas a prisión por el juzgado Sexto de Paz de San Salvador. Investigaciones policiales afirman que Umanzor cobraba un salario como barrendera en el Distrito 5 de San Salvador, pero que su plaza era fantasma, es decir, cobraba por no trabajar.
Dentro de la organización de fachada que dirige Castro, la mujer, junto a la clica de la MS-13 de la que formaba parte, ayudaba a aglutinar personas, entre ellas supuestos vendedores ambulantes, para orquestar y ejecutar manifestaciones y otros actos de desestabilización que obstaculizan la libre circulación de los ciudadanos.
Los alcances de este entramado tendría todos los componentes de una organización criminal, según los informes policiales, ya que esta moviliza personas que se hacen pasar por sindicalistas a través de líderes del gremio de vendedores ambulantes y hasta religiosos.
Esta estructura también integra a personeros del Sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (SEPRODEHES), así como el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de San Salvador (STAMSS), el Movimiento Social Comunitario, el Movimiento Social contra la Corrupción y la Coordinadora Nacional de Medio Ambiente, todos movimientos fachadas ligados a Rolando Castro.
Entre los personajes que juegan un rol en la movilización de personas para los intereses de Castro están los dirigentes de vendedores ambulantes del Centro capitalino, Pedro Julio Hernández, Vicente Ramírez y Norma Elivania Aguirre, esta última directamente ligada a la pandilla MS-13, según las fuentes policiales.
Además figura en este esquema Ricardo Cornejo, un sacerdote de la autoproclamada Iglesia Luterana Popular, quien fue expulsado de la Iglesia Luterana salvadoreña.
Sospecha de participación en asesinato
Adicionalmente a estas investigaciones de crimen organizado, Castro ha sido investigado por el asesinato del dirigente sindical Gilberto Soto, crimen ocurrido en Usulután en 2004 y por el cual se sigue una investigación respaldada por los “Teamsters”, poderoso sindicato de camioneros, gremio al que pertenecía el líder.
A principios de 2016, el entonces fiscal general Douglas Meléndez recibió una carta de Jimmy Hoffa, presidente de los Teamsters, en la que le pidió reabrir el caso del sindicalista salvadoreño-americano, crimen emblemático en El Salvador y Estados Unidos y del que en un principio se acusó a pandilleros del barrio 18.
En ese mismo 2016, Rolando Castro –quien en los últimos día endosó su apoyo al candidato presidencial Nayib Bukele− y otros personajes supuestamente recibieron fondos de un miembro de los Teamsters para exigir la reapertura del caso de Soto, donde aparecía como autor intelectual el empresario de transportes ahuachapaneco José “el cuto” Santimoni, quien es el dirigente de los transportistas en el puerto de Acajutla y que iba a ser perjudicado por una alianza que estaba haciendo Soto con sindicalistas de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma.
Rolando Castro realizando actividades proselitistas.
No obstante, Rolando Castro se habría quedado con la mayoría del dinero entregado por los Teamsters y desistió de seguir con el caso y, de de acuerdo con investigaciones, aparentemente le mintió al congresista federal estadounidense por el Partido Demócrata, James McGovern, de que continuarían con las presiones para que las autoridades salvadoreñas reabrieran el caso.
Información de inteligencia policial sostiene que Rolando Castro opera desde una casa de seguridad ubicada en las cercanías de la Colonia Las Mercedes de San Salvador, desde donde tenían como operador y co-accionador a Jorge Manuel Vega Knigh, alias “Vega Knight”, enlace de la MS-13 para operaciones políticas, quien fue capturado en agosto de 2018 como parte de la operación “Arpón del Pacífico”, que golpeó a varios negocios relacionados con la MS-13.
Lavado de dinero
Rolando Castro, empleado que gana menos de dos mil mensuales en la Alcaldía de San Salvador, está siendo investigado por presunto lavado de dinero, en vista de maneja un estilo de vida que no es acorde con dichos ingresos. Fuentes al interior de la Alcaldía de San Salvador sostienen que solamente su gasto en seguridad personal suma una cantidad superior que lo que él declara ante el Fisco.
Ese dispositivo de seguridad consiste en cinco guardaespaldas, un vehículo principal en el que se conduce, un pick up doble cabina que cumple las veces de vehículo seguidor y un motociclista seguidor. Todos los guardaespaldas van debidamente armados.
Este gasto estaría calculado en más de $90 mil al año, de acuerdo con estimaciones del mercado de servicios de seguridad, cifra tres veces mayor a los ingresos que declara ante el Fisco, lo que levanta las sospechas de lavado de dinero y las fuentes de financiamiento ocultas que tendría Castro.
Según denuncias recibidas por Fundación Transparencia, Rolando Castro habría participado en algunos negocios oscuros como el de la empresa Hydro Oil, cuyas acciones en un 99% pertenecen al prófugo exempresario Enrique Rais. En mayo de 2018, Castro admitió que conoce a Rais, sin querer dar más detalle sobre la relación entre ambos.
Foto archivo D1.
Esa empresa fue ganadora de licitaciones para el suministro de combustibles que consume la Alcaldía de San Salvador, en un proceso que debe ser examinado porque Hydro Oil obtuvo la licitación durante tres años consecutivos como único ofertante. Ese hecho llamó la atención porque es conocido que en el país existen varias empresas muy competitivas que están en el negocio y normalmente bajo condiciones equitativas estarían ofertando grandes volúmenes que requiere la Alcaldía.