El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó la captura del expresidente de la Comisión Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL) Leopoldo Samour por delitos como lavado de dinero y peculado en la trama de corrupción en torno a la construcción de la presa El Chaparral. También ordenó procesar legalmente con detención provisional al representante legal de la firma constructora ASTALDI, Mario Federico Pieragostini, a quien la Fiscalía General de la República acusa por cohecho activo y al contador Efraín Quinteros por lavado de dinero y activos.
La instancia judicial también estaría por dictar en los próximos días otra orden de captura en contra del expresidente Mauricio Funes y su compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza “La Michy”, por su participación en la trama de corrupción que implicó la corrupción de dicha obra
Por este caso el empresario y amigo cercano de Funes, Miguel Menéndez “Mecafé”, ya guarda prisión por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero y de activos. En este caso, al exmandatario se le acusa por peculado, mientras que a Guzmán se le imputa el delito de lavado de dinero.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Funes autorizó el 22 de agosto de 2010 a CEL a que contratara una firma legal internacional especializada en litigios corporativos, para evaluar la toma de acciones legales contra ASTALDI, firma contratada por su antecesor, Elías Antonio Saca, para construir la presa El Chaparral, ubicada en la zona limítrofe de los departamentos de San Miguel y Morazán.
La constructora, sostiene la Fiscalía, abandonaron la obra y solo dejaron un enorme agujero, además de haber incurrido en incumplimientos de contrato previos. La firma contratada por CEL en 2010 recomendó al gobierno realizar un peritaje técnico para verificar las situaciones geológicas planteadas por ASTALDI para incumplir su contrato.
Otro peritaje externo contratado por CEL también sustentaron los argumentos de una posible demanda contra ASTALDI. No obstante, el entonces presidente Funes pidió que se evitara el arbitraje internacional y que se buscara un arreglo directo con ASTALDI.
Imagen de D1.
Para ese cometido, nombró como presidente de la autónoma a Leopoldo Samour. Gracias a sus gestiones, en julio de 2012, el gobierno pagó el costo de la obra ejecutada hasta ese momento en El Chaparral y También pagó una suma adicional de $45 millones 244,418.00 sin existir base legal.
En junio de 2012, un mes antes que pactaran el acuerdo con los representantes de ASTALDI, Miguel Menéndez, Leopoldo Samour y otras personas más viajaron a Panamá para adquirir una sociedad denominada Headford Business y abrir una cuenta bancaria en el FPB BANK INC a nombre de esa misma sociedad.
Fue en esa cuenta que, según la Fiscalía, depositaron las dádivas que entregó ASTALDI a Mauricio Funes y Miguel Menéndez por el acuerdo oscuro en el que se le entregó a los italianos más de 45 millones de dólares.
En total, la empresa ASTALDI trasladó más de $3.5 millones a las empresas fachadas de Miguel Menéndez. La Fiscalía alega que buena parte de ese dinero fue destinado para la creación de las sociedades LATIN AMERICA SPAS, propiedad de Mauricio Funes y su compañera de vida Mitchell Guzmán Sigüenza.
Funes y Guzmán se encuentran asilados por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, donde evaden la justicia salvadoreña que les reclama por otros casos de corrupción. El binomio enfrenta acusaciones de lavado de dinero por participar y beneficiarse de una red que desfalcó las arcas del Estado en más de $350 millones entre 2009 y 2014, a través de modificaciones presupuestarias que eran trasladadas a Casa Presidencial y que se justificaban en “partidas de gastos imprevistos”.
El exmandatario también está implicado en el “Caso Corruptela”, en el se le acusa de sobornar al exfiscal Luis Martínez, para que este no lo investigara por irregularidades ocurridas durante su mandato, entre ellas el mismo caso El Chaparral y la tregua entre pandillas.
Por su parte, Samour también enfrenta un proceso judicial en su contra por acoso sexual, a raíz de una demanda interpuesta por una exempleada de una empresa de materiales de construcción propiedad del expresidente de CEL.