El expresidente Mauricio Funes se aseguró impunidad durante los cinco años de su mandato al tener de su lado mediante dádivas al entonces fiscal general Luis Martínez. La burbuja de impunidad que ambos elaboraron se reventó años después que Funes dejara el poder y ahora es investigado por cuatro casos de corrupción.
Mientras que Funes se encuentra asilado por el gobierno de Nicaragua desde septiembre de 2016, donde despotrica contra la Fiscalía por los procesos abiertos en su contra, Martínez está preso desde enero de 2017 en el penal de Mariona, donde ya purga una condena por revelar material reservado y le queda por enfrentar otros procesos en los que es acusado de delitos que van desde omitir investigaciones hasta lavado de dinero.
Para incurrir en lavado de dinero, Martínez se habría valido del Banco Promérica para introducir al sistema financiero dinero proveniente de dádivas y de cuentas reservadas de la Fiscalía, sin que esta institución bancaria informara de dichas operaciones irregulares.
Estas aseveraciones las realizó la Fiscalía, cuando en octubre pasado sacó a luz la denominada “Operación Corruptela”, que involucra al exfiscal Martínez con una red de venta de justicia a cambio de dádivas. Por tal razón se le acumularon 10 delitos, entre ellos lavado de dinero.
Dicha red implicaba la contratación de consultorías de pantalla y de personal con afinidad al exfiscal Martínez, que ayudaban al desvío de dinero que posteriormente iba a dar al pago de gastos suntuosos.
De acuerdo con investigaciones relacionadas al caso, develadas en su momento por el periódico digital El Faro, el exfiscal Luis Martínez pagó cuatro tarjetas de crédito por un monto superior a los $361 mil.
Este dinero era depositado por un motorista de Martínez, quien tenía como entidad financiera de conveniencia el Banco Promérica, concretamente su centro financiero ubicado en una concurrida plaza comercial de Antiguo Cuscatlán.
Por tales ilícitos, Nelson Humberto López Jiménez se encuentra entre los 25 incriminados de la Operación Corruptela. López Jiménez era oficial de cumplimiento del Banco Promérica, quien debió informar de los depósitos sospechosos que realizaba Martínez a la Fiscalía, pero no lo hizo.
Jorge Cortez, jefe de la Unidad contra Lavado de Activos de la Fiscalía, señaló que López Jiménez será procesado por lavado de dinero por omisión. Al ser consultado sobre si habría más entidades bancarias vinculadas en esta trama, indicó que se está investigando y no descartan hacerlo tanto con entidades públicas como privadas.
Como parte de la Operación Corruptela, Martínez y su séquito habrían sustraído de cuentas especiales por más de $735 mil y además habrían recibido dádivas por más de $1.5 millones por parte de personas como el exempresario de la basura Enrique Rais y el expresidente Mauricio Funes.
Rais y Funes, junto a otros empresarios, habrían sobornado a Martínez para que no fueran investigados por varios casos en los que estaban implicados. En cuanto a Funes, estos eran las irregularidades ocurridas en la construcción de la presa El Chaparral, la tregua entre pandillas en 2012 y la divulgación de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) recabado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y que señala al expresidente Francisco Flores en el desvío de millonarios donativos del gobierno de Taiwán.
Horas antes que concluyera el período del fiscal Douglas Meléndez, Funes fue nuevamente llevado a los juzgados por su implicación en la revelación del ROS y las irregularidades de El Chaparral.
Las investigaciones indican que con el dinero que Funes y otros suministraban a la red de corrupción instalada por Martínez, se pagaron remodelaciones de la vivienda del entonces fiscal en Nuevo Cuscatlán, blindaje de una camioneta de lujo otorgada presuntamente por el expresidente Funes, pago de recibos de telefonía y unos viáticos irregulares con los que el exfiscal y su séquito pagaba artículos lujosos.
La Fiscalía sostiene que Martínez habría depositado en Banco Promerica de El Salvador, a través de testaferros, los dineros provenientes de los sobornos pagados por el prófugo de la justicia Enrique Rais, aparentemente con la ayuda de directivos del banco y así evadir los controles establecidos en la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, según publicó Diario 1 desde 2016.
El 22 de agosto de 2016 la Policía Nacional Civil arrestó a Martínez, acusado de favorecer al prófugo Enrique Rais en procesos judiciales, a cambio de favores personales, entre los que destacan una larga lista viajes en jets privados a varios países.
Previo a su arresto, el 14 de julio de 2016, el entonces presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Marcel Orestes Posada, confirmó que Martínez, valiéndose de su cargo, “vendió justicia” a José Aquiles Enrique Rais.
Esto consistía en que desde la Fiscalía no lo procesaba legalmente e incluso se coordinaba con jueces para desestimar causas en su contra, persiguiendo en cambio a sus enemigos empresariales.
Asimismo y de acuerdo con indagaciones de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis Martínez no pudo justificar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el origen de $486,213.80 de su patrimonio.
La Fiscalía indicó que empezaron a sospechar de un presunto lavado de dinero por parte de Martínez, cuando descubrieron que pago todas sus deudas y recuperó su solvencia crediticia, ya que antes de convertirse en fiscal general, no era sujeto de crédito y tenía varias propiedades en proceso de embargo.