Con un país en serios problemas de inseguridad para la población y con promesas de arreglar esa y otras preocupaciones importantes, el FMLN arribó a la presidencia de la República en 2009. A casi 10 años de la llegada del partido de izquierda al poder, las cifras de homicidios han demostrado un rotundo fracaso en el combate al que por años ha sido el principal tema de preocupación de los salvadoreños, de acuerdo con las encuestas de opinión ciudadana.
En su discurso de toma de posesión el 1 de julio de 2009, Mauricio Funes dijo que “vamos a enfrentar todas las formas de delito, en especial el crimen organizado y su rostro más dantesco, el narcotráfico”; además, reconoció el alto grado de incidencia que tenía este ilícito en la región centroamericana y los problemas colaterales en cuestión de seguridad pública que este trae.
Al final del mandato de Funes, expertos en seguridad consideraron que lejos de erradicarse o mantener aplacados estos males, tanto las pandillas como el crimen organizado fortalecieron su poder en el país hasta el punto que sin importar cuantos miembros de estructuras criminales capture la Policía Nacional Civil (PNC), el accionar de estos se mantiene intacto.
El fracaso en materia de seguridad de los gobiernos del FMLN se evidencia en varios aspectos. Sin duda el índice de homicidios es el que más se pone de manifiesto, mientras que las estrategias y las personas al frente de la seguridad pública no han podido parar la ola de violencia contra los salvadoreños.
Los índices de homicidios en El Salvador son comparados con países en guerra. La agobiante violencia tiene desesperados a los salvadoreños, quienes se sienten en un callejón sin salida y con un futuro incierto.
Ministro de Seguridad: Una silla caliente
El cargo de ministro de seguridad ha sido el más inestable en el gabinete del Órgano Ejecutivo en los últimos 10 años. En los dos gobiernos efemelenistas han desfilado cinco ministros y el carrusel comenzó con Manuel Melgar, diputado de larga data y miembro de la cúpula del FMLN que fue nombrado al inicio del mandato de Mauricio Funes en el puesto.
En circunstancias poco claras, y luego de varios meses en los que no pudo detener la criminalidad y los homicidios, Melgar fue depuesto para llevar a ese cargo a David Munguía Payés. Este movimiento fue cuestionado incluso por los mismos aliados del presidente Mauricio Funes, ya que por primera vez después de los Acuerdos de Paz se estaba colocando a un militar en un cargo deparado para civiles.
En 2013, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio la razón a todos estos reclamos e invalidó la designación de Munguía Payés como ministro de Seguridad. Funes, aunque cuestionó la decisión, tuvo que acatarla y nombró a Ricardo Perdomo en su lugar, quien además terminaría como ministro el quinquenio 2009-2014.
El gobierno de Salvador Sánchez Cerén empezó con Benito Lara como ministro de Seguridad. El exguerrillero y diputado de la Asamblea Legislativa vio cómo durante sus dos años de gestión, las cifras de homicidios se incrementaron de manera exponencial, por lo que en 2016 cedió su cargo al entonces director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, quien se mantiene en el cargo actualmente.
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Funes y la oscura tregua entre pandillas
Según cifras de la PNC, el año 2009 cerró con 4,382 homicidios: Esto representó un incremento respecto al 2008, el cual concluyó con 3,179 asesinatos. Eso significa un aumento de más de 1,200 homicidios de un año a otro, si se toma en cuenta que Funes entró al gobierno a mitad de 2009.
En 2010 y 2011, con Funes y su gabinete asumiendo a plenitud la seguridad, los números no mejoraron de manera significativa, ya que dichos años cerraron respectivamente con 4,004 y 4,360 homicidios. A finales de 2011, el presidente tomó la controvertida decisión de traer al general David Munguía Payés, entonces ministro de Defensa, al ministerio de Justicia y Seguridad.
Munguía Payés cambió el uniforme verde olivo por trajes sastre. Aseguró que al año siguiente de su gestión, se reducirían los homicidios en un 30%. Fue entonces que se toma la infame decisión de establecer la denominada tregua entre pandillas.
Dicho proceso, que tuvo entre sus caras visibles a Raúl Mijango, un exguerrillero y exdiputado del FMLN, consistió en que el gobierno aprobara el traslado de los más altos cabecillas de las principales pandillas del país, del centro penitenciario de máxima seguridad de Zacatecoluca a otras cárceles de menor seguridad, para “comunicar” la decisión de no agredirse.
Los dos años que estuvo en plena vigencia la tregua entre pandillas, 2012 y 2013, la cifra de homicidios fue respectivamente de 2,576 y 2513, casi la mitad de lo registrado en 2011. Empero, la tregua fue cuestionada por los beneficios carcelarios, como el ingreso de electrodomésticos a las celdas y la organización de fiestas con orquestas y “strippers”.
Para dar una apariencia de baja en los crímenes, las pandillas ya no dejaban los cadáveres de sus víctimas en las calles. Aumentaron los cementerios clandestinos y personas desparecidas, lo cual reveló que no era cierta la baja de homicidios.
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Los beneficios carcelarios a las pandillas fueron documentados a través de videos y a lo largo del juicio contra personas involucradas en el llamado “proceso de pacificación”, como oficiales y funcionarios del Ministerio de Justicia del gobierno de Funes, a quien se acusó de fortalecer a las pandillas, pese a que este nunca ha admitido que promovió la tregua, sino que la “facilitó”.
Todo esto vino de la mano de un cambio de discurso por parte del presidente, quien dejó de ver el combate al crimen organizado y la infiltración de la delincuencia en las instituciones de seguridad como una prioridad, y en cambio convirtió a las pandillas en el principal problema de la seguridad.
La declaratoria de inconstitucionalidad de la designación de Munguía Payés por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue al mismo tiempo el golpe que acabó con la tregua, ya que el siguiente ministro de Seguridad, Ricardo Perdomo, no la reconoció como parte de sus políticas de seguridad.
Ya sin la influencia de la tregua entre pandillas, en 2014 la estadística de homicidios se disparó y alcanzó 3,942. Esto coincidió con la transición entre el gobierno de Mauricio Funes y el de Salvador Sánchez Cerén, el cual no quiso retomar la estrategia de su predecesor y dijo en su discurso de posesión que “estaría al frente de la estrategia de seguridad”.
Lejos de esto, Sánchez Cerén ha estado a las sombras a lo largo de su gobierno y sin darle explicaciones a la población a través de los medios de comunicación y su primer año completo como gobernante fue también el más violento de la posguerra, con 6,425 homicidios y una tasa de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que le valió el título del país más violento del mundo.
Durante el 2015 se dieron diversos hechos que aterraron a la población salvadoreña, como el paro de buses en San Salvador a causa de amenazas de pandillas, lo que causó que miles de salvadoreños no pudieran movilizarse hacia sus trabajos.
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Desde ese año, los homicidios han venido en decrecimiento, pero siempre con cifras alarmantes de más de 3,000 por año y tasas de más de 50 muertes por cada 100 mil habitantes. Para tratar de mitigar el impacto de estas cifras en el ideario colectivo, los dos gobiernos del FMLN han querido resaltar cosas como que hubo días durante la tregua entre pandillas en los que no ocurrió homicidios o que hay municipios en los que no ha ocurrido un solo asesinato.
El rechazo de propuestas contra la criminalidad
Los gobiernos de FMLN han contado con una diversidad de propuestas por parte de instancias no gubernamentales a nivel nacional e internacional encaminadas a dar soluciones al tema de seguridad, pero estas han sido engavetadas o sus esfuerzos han sido descontinuados.
Con bombo y platillo, el presidente Funes anunció a los pocos días de haber asumido su cargo, la creación del Consejo Económico y Social, lo que suponía una “deuda saldada” de los Acuerdos de Paz, que recomendaron la creación de una instancia semejante.
Este consejo integró tanto a actores del gobierno como a empresarios e intelectuales de todos los espectros políticos. No obstante, esta instancia fue criticada por ser improductiva y solo ser una pantalla para que el gobierno reflejara su apertura al diálogo.
Nada se sabe sobre las propuestas en materia de seguridad que dicha instancia habría formulado.
Probablemente, el paquete de propuestas que más notoriamente fue rechazado por el gobierno, fueron las que formulara el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, cuando fue citado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) a los Encuentros Nacionales de la Empresa Privada (ENADE) de 2015 y 2017.
La empresa consultora de Giuliani, ha implementado sus propuestas de seguridad con éxito en países como Canadá y Australia. El mismo Giuliani redujo en 70 % los delitos que se cometían en la ciudad de Nueva York durante su período como alcalde.
Giuliani propuso entre otras cosas, la profesionalización de las funciones de la Fiscalía General de la República y de la PNC, desde que aprehenden a los criminales hasta que estos son condenados. Además propuso la implementación de herramientas computarizadas para identificar los puntos en que se cometen más delitos e incrementar el patrullaje en dichos sectores.
Además recomendó un aumento significativo de los salarios de policías y fiscales, para que estos trabajen con más estimulo. Pese a que representantes del gobierno llegaron al ENADE para tomarse la foto con Giuliani, sus propuestas no tuvieron asidero en los planes, bajo la excusa de que “no estaban de acorde a la realidad salvadoreña” y de que en alguna medida, las propuestas ya estaban siendo implementadas por el Ejecutivo.
Al indagar más profundamente en las estadísticas de seguridad se puede ver en detalle el fracaso de la gestión de seguridad de los dos gobiernos del FMLN. En sus reportes denominados “Aportes al debate de la seguridad ciudadana”, la organización sin fines de lucro FundaUngo sostiene que más del 90 por ciento de los asesinados en el país son personas de 14 a 59 años, es decir, las personas en edad productiva, que están más propicias a ver truncadas sus vidas a causa de la violencia.
Otros estudios recientes como el del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presentado en Chile en noviembre pasado, sitúan a San Salvador como una de las ciudades más violentas de América Latina. De la misma forma el país fue considerado como el líder en tasas de feminicidios por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con 383 feminicidios en todo el año.
Lo anterior pone en perspectiva 10 años de gobiernos del FMLN en los que más de 31 mil personas perdieron la vida a causa de la ola de violencia incontenible y que convierte a El Salvador en uno de los países más peligros del mundo que no encara la vorágine de violencia.