A pocas horas de culminar la gestión de Douglas Meléndez al frente de la Fiscalía General de la República, dicha instancia presentó este viernes una nueva acusación contra el expresidente Mauricio Funes, quien en 2013 publicó un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que vinculaba al expresidente Francisco Flores con el desvío de $10 millones donados por el gobierno de Taiwán.
La Fiscalía presentó el requerimiento al Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, en el que se acusa además al periodista de origen costarricense Lafitte Fernández Rojas y el abogado Diego Escobar Portillo. A los tres se les acusará del delito de Hechos, Actuaciones o Documentos Secretos por Empleado Oficial.
El reporte fue divulgado por Funes a finales de 2013 en televisión nacional. De acuerdo a lo detallado en aquella ocasión por el entonces mandatario, este reporte fue emitido por el International Bank of Miami en septiembre de ese año y luego fue remitido a una instancia ligada al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Dicho reporte vincula al fallecido expresidente Flores con una serie de movimientos bancarios en los que se habrían desviado $10 millones de donativos del gobierno de Taiwán, entre 2003 y 2004. Gracias a este reporte, Flores enfrentó la justicia por delitos de corrupción.
El reporte fue enviado a la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) de la Fiscalía, instancia que cuestionó la divulgación del documento por parte del expresidente Funes, quien en su momento dijo que personal de la administración del entonces fiscal general Luis Martínez, le habría facilitado el acceso al documento.
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, en 2013 el entonces fiscal Luis Martínez autorizó la contratación de Diego Escobar como asesor encargado al caso CEL-ENEL. En dicho caso apareció señalado José Antonio Rodríguez Rivas, cuñado del expresidente Flores.
Esto llevó a Escobar a pedir al entonces jefe de la UIF, Tovías Menjivar, pedir investigar a Flores y tramitar información financiera a través del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Fue por medio de esta entidad que se consigue el ROS, el cual llega en septiembre de 2013 a manos de Escobar, quien enseguida convoca a su equipo de trabajo en el caso CEL-ENEL para delimitar como proceder en el mismo.
Esta comisión se declaró incompetente de proceder y Diego Escobar decidió renunciar a participar en la investigación del caso, pero teniendo consigo el acceso al ROS. Según la Fiscalía, el abogado se reunió en primer lugar con Lafitte Fernández Rojas para informarle sobre la existencia del documento y el contenido del mismo
El requerimiento sostiene que Fernández, al darse cuenta lo que implicaba el documento, decidió contactarse con el ex entrevistador y por entonces socio de Funes, Jorge Hernández, para gestionar una audiencia con el entonces gobernante, a quien le habría planteado la situación e intercedido por protección para Escobar.
Al concretarse las condiciones, Escobar accede a entregarle el ROS a Fernández y a cambio este lo saca del país a refugiarse en una finca de su propiedad en Costa Rica. Ya con la información en sus manos, Funes reveló detalles del mismo, pese a los reclamos de la Fiscalía.
Mediante un comunicado en 2018 la Fiscalía recordó que fue la divulgación de ese documento confidencial por parte del expresidente Funes, lo que llevó a El Salvador a enfrentar un proceso legal a nivel internacional que se ventiló en el grupo Egmont desde el año 2014, y esa fue una de las razones por la cual El Salvador fue expulsado de ese conglomerado en 2018.
El fiscal del caso detalló que debido a la naturaleza de la investigación, se ha solicitado al juzgado Quinto de Paz la reserva total en el caso.