El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador emitió este martes una orden de captura en contra del expresidente Mauricio Funes y su pareja Ada Mitchell Guzmán, por los delitos de peculado y lavado de dinero relacionados con las irregularidades en la construcción la presa hidroeléctrica El Chaparral, al norte de los departamentos de San Miguel y Morazán.
En este caso, el exmandatario es acusado por peculado, mientras que Guzmán se le imputa el delito de lavado de dinero. Con este caso suman ya cuatro órdenes de captura contra el exmandatario, quien evade la justicia en Nicaragua, con protección del gobierno de Daniel Ortega.
La Fiscalía General de la República (FGR) señala que el gobierno de Funes pagó una multimillonaria cantidad de dinero a la empresa Astaldi, luego de que quedara abandonada la construcción de El Chaparral, obra iniciada durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca.
Lejos de llevar a Astaldi a un laudo arbitral por el abandono de la obra, Funes ordenó que se pagara a la empresa italiana en julio de 2012 el pago por la obra ejecutada hasta ese momento, sin que existiera base legal. Ese pago corresponde a un poco más de $45 millones.
En junio de 2012 – un mes antes del acuerdo entre el gobierno y la empresa italiana- Miguel Menéndez “Mecafé”, Leopoldo Samour, expresidente de la Comisión Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL) y otras personas más viajaron a Panamá para adquirir una sociedad denominada Headford Business y abrir una cuenta bancaria en el FPB BANK INC a nombre de esa misma sociedad.
Fue en esa cuenta que, según la Fiscalía, se depositaron las dádivas que entregó Astaldi a Mauricio Funes y Miguel Menéndez por el acuerdo oscuro en el que se le entregó a los italianos más de $45 millones.
En total, Astaldi trasladó más de $3.5 millones a las empresas fachadas de Miguel Menéndez. La Fiscalía alega que buena parte de ese dinero fue destinado para la creación de las sociedades LATIN AMERICA SPAS, propiedad de Mauricio Funes y su compañera de vida Mitchell Guzmán Sigüenza.
Por este caso, el Juzgado antes mencionado también ordenó la captura de Leopoldo Samour por delitos como lavado de dinero y peculado en la trama de corrupción. Además, Miguel Menéndez permanece en prisión por otros casos relacionados a la corrupción durante el mandato de Funes.
Funes y Guzmán son reclamados por la justicia por otros casos de corrupción. El Ministerio Público ha acusado a la pareja por lavado de dinero, concretamente por participar y beneficiarse de una red que desfalcó las arcas del Estado en más de $350 millones entre 2009 y 2014, a través de modificaciones presupuestarias que eran trasladadas a Casa Presidencial y que se justificaban en “partidas de gastos imprevistos”.
El exmandatario también está implicado en el “Caso Corruptela”, que se le acusa de sobornar al exfiscal Luis Martínez, para que este no lo investigara por irregularidades ocurridas durante su mandato, entre ellas el mismo caso El Chaparral y la tregua entre pandillas.