El Tribunal Primero de Sentencia estableció este viernes que la red de corrupción judicial al servicio del exempresario de la basura, Enrique Rais, y que orquestaba el exfiscal general Luis Martínez, era en realidad una red de crimen organizado.
Así consta en una resolución de dicho tribunal emitida el pasado jueves y dada a conocer este viernes, luego de celebrar el pasado 16 de enero una audiencia en la que se determinaría la prueba a usar en la vista pública en la que se procesará a Luis Martínez, el exdirector de la división de Intereses del Estado de la Fiscalía, Julio Arriaza González y a los abogados Héctor Grimaldi y Luis Peña, empleados de Rais.
Desde agosto de 2016, Enrique Rais enfrenta un proceso por los delitos de cohecho activo, falsedad ideológica y fraude procesal, en perjuicio de Claudia Herrera, contra quien habría fabricado un proceso judicial con la ayuda del exfiscal general Luis Martínez y una red de abogados y jueces.
Rais, prófugo de la justicia desde enero de 2017, está señalado por estar detrás de una red de corrupción en la que jueces, abogados y fiscales recibían sobornos para procurar que el exempresario fuera favorecido en diversos procesos legales y se crearan casos de forma arbitraria contra sus enemigos.
Por su parte, Martínez será juzgado por omisión de investigación en perjuicio de la administración de justicia; Arriaza González por actos arbitrarios y los abogados Grimaldi y Peña por fraude procesal-
Debido al calificativo de “estructura de crimen organizado” que el Tribunal le otorgó a la estructura al servicio de Rais, dicha instancia se declaró incompetente de seguir conociendo el caso, por lo que se decidió enviar el caso al Juzgado Especial de Sentencia de San Salvador, un juzgado que ventila casos relacionados con estructuras de narcotráfico y otras formas de crimen organizado.
Las razones que exponen al compadrazgo Rais-Martínez
De acuerdo con el razonamiento del Tribunal Primero de Sentencia, la debilidad de las instituciones del Estado permite al crimen organizado tener el entorno favorable para obtener protección judicial. Esto, en alusión al entramado de operarios de justicia que trabajaron al servicio de Rais para perseguir a sus enemigos en el ámbito de los negocios a cambio de dádivas.
“De esta relación, se produce una simbiosis entre la criminalidad organizada, que consigue su afianzamiento cuando el sistema político y económico se toma dependiente de sus acciones. Alcanzando de esta manera la consolidación de una clase social criminal con capacidad y voluntad de establecer un tipo de orden determinado, en el cual maximiza su poder en estas relaciones”, sostiene el tribunal en su resolución.
A partir de este razonamiento, el tribunal consideró que los hechos cometidos por la red entre Rais y Martínez se hicieron bajo la modalidad de crimen organizado, apelando a lo establecido en jurisprudencias pasadas por la antigua Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Nos encontramos ante las acciones de un grupo estructurado por dos o más personas, con una permanencia en el tiempo, y que ha actuado concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos, con una estructura jerárquica, posibilidad de sustituir a sus miembros y la existencia de un centro de decisiones”, mencionó la resolución.
Y agregó: “Empresarios, abogados litigantes y miembros de instituciones estatales. Cada uno de ellos con roles definidos, con los cuales se manipulaba la justicia en busca de beneficios personales, a cambio de dinero y dádivas materiales. Esta red de corrupción era dirigida por un centro de decisiones, quien daba órdenes para comprar la justicia, a través de sus abogados, jueces, fiscales, peritos, entre otros, pasando por el interior de las estructuras del Estado, como el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y el mismo Órgano Judicial. De manera, que está claramente establecida la jerarquía, y los roles determinados dentro de la organización de estas personas”.
El Tribunal aclaró que si bien solo se está procesando a cuatro personas en este caso, no se deja de soslayar que existen “otros sujetos dentro del grupo delictivo” y determino la posibilidad que “estos individuos pertenecían a una organización criminal más amplia”.
Foto D1 archivo.
Asimismo señaló que en la organización se contó con la participación de otras personas particulares que eran parte o tenían participación dentro de los procesos que se discuten con el fin de materializar los fallos en contra de las personas afectadas por la prueba que se viciaba.
Además se estableció que la estructura operó del 2014 a 2015 y permanecían en constante comunicación telefónica, además que se reunían para concertar sus acciones, buscar la manipulación de los procesos, y cometer las acciones delictivas por las que se procesa a Martínez y otras personas.
La adulteración de procesos judiciales al servicio de Enrique Rais
El caso en contra de la red que lideraban Rais y Luis Martínez está basado en escuchas telefónicas detectadas desde 2014, las cuales iniciaron con la intervención de conversaciones entre el exjuez Noveno de Paz de San Salvador, Romeo Aurora Giammatei y Wilfredo Ernesto Gutiérrez, abogado parte del equipo legal de Rais.
El requerimiento que sustentó la acusación contra la red sostiene que la Fiscalía interceptó 27 conversaciones entre el juez Giammatei y Wilfredo Gutiérrez, en el que convenían la presentación de un caso en el que Enrique Rais acusaba de amenazas con agravantes a Claudia María Herrera Díaz, demanda que fue interpuesta el 26 de septiembre de 2014.
El 22 de octubre es capturada Claudia Herrera, pero las conversaciones continuaban entre Giammatei y Gutiérrez, ya que el requerimiento no había sido interpuesto. El 24 de octubre, el abogado de Rais explica al juez que no se había podido entregar el requerimiento porque “El Uno” (Luis Martínez) no había podido salir con el asunto, pero que estaban preparando un buen documento.
Ya con Claudia Herrera bajo un proceso judicial, la Fiscalía detecta el 5 de marzo de 2015 una conversación entre Gutiérrez y Rais, para coordinar el armado de un peritaje psicológico con el que reforzarían la acusación contra Herrera y Serrano. La idea era parecer que Rais había sufrido daños psicológicos a raíz de las amenazas con agravantes.
Gutiérrez le recuerda a Rais que se le había dado previamente una dosis (soborno) al psicólogo Néstor Recinos, que también está prófugo de la justicia. El empresario lo recuerda, pero olvidó de cuantos “miligramos” (miles de dólares) era la dosis. Gutiérrez le recuerda que eran $5,000.
Sigfredo Campos Crespo, jefe del Centro de Intervenciones Telefónicas, tuvo conocimiento de estas conversaciones, pero según órdenes del fiscal Luis Martínez, no debía trasladarse esta información a ninguna unidad fiscal.
En 2015, Campos Crespo continuaba notificando de las escuchas y las investigaciones a Luis Martínez y a Julio Arriaza. El fiscal general le daba largas al asunto, hasta que un día dijo que no era necesaria un antejuicio para Giammatei, sino que “obligaría a renunciar” al juez, llevando “pruebas en mano” al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Campos Crespo es parte de más de una docena de personas que ofrecieron su testimonio para la vista pública y que fueron considerados por el Tribunal Primero de Sentencia, el cual pasó dicho expediente al Juzgado Especializado de Sentencia.
Por este caso, todos los implicados fueron detenidos el 22 de agosto de 2016 y siete días más tarde, la jueza Séptimo de Paz les concedió medidas sustitutivas al arresto, al considerar que ninguno de los implicados representaba un peligro de fuga.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal anunció el 12 de enero que revocaba las medidas dictadas por el juzgado de Paz y ordenó la recaptura de los implicados en el caso. Desde ese entonces se presume que Rais se refugia en Suiza, país del que es ciudadano y que no cuenta con tratado de extradición con El Salvador.
Desde el 26 de febrero de 2018, Interpol giró una orden de captura con difusión roja contra Rais para ser localizado y apresado en 192 países. De la misma forma es uno de los 100 criminales más buscados por la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador.
Rais además es requerido por la justicia desde el 25 de octubre pasado, al estar señalado en el llamado “Caso Corruptela”, que implica una red de sobornos y lavado que habría ocurrido durante la gestión de Luis Martínez en la Fiscalía General de la República.
Tanto Rais como su sobrino, Hugo Blanco Rais, son acusados de cohecho activo, mientras que el empresario Aldo Parducci encara los delitos de cohecho activo y falsedad ideológica. Por su parte, Francisco Paredes es procesado por omisión de investigación, falsedad documental agravada y privación de libertad por funcionario o empleado público.
Estados Unidos y sus sospechas sobre las actividades criminales de Rais
Congresistas estadounidenses del Partido Demócrata y Republicano solicitaron en agosto de 2018 al presidente Donald Trump que investigue tanto a Enrique Rais como al dirigente del FMLN José Luis Merino y les aplique la denominada Ley Global Magnitsky, debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Dichos congresistas también pidieron al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro que imponga las sanciones económicas correspondientes a Rais y a Merino, los únicos dos salvadoreños considerados para entrar en la infame lista de personas designadas bajo esta ley.
La Ley Global Magnitsky fue aprobada en 2016 por el Congreso de los Estados Unidos con el propósito de perseguir a los corruptos y a los violadores de derechos humanos. A las personas que les aplican esta ley pasan a formar parte de una lista negra.
Dicha ley permite a los Estados Unidos golpear las fuentes económicas de los sancionados, quienes a partir de su incorporación a la lista negra no pueden tener cuentas bancarias en todo lo que se considere como dominio territorial estadounidense. Además, las personas y empresas estadounidenses están impedidas de hacer negocios con ellos.
En el documento que los congresistas elaboraron para someter la petición en contra de Merino y Rais, se describe al exempresario como “es un prominente hombre de negocios salvadoreño” que “fue designado como objetivo prioritario de la DEA y sujeto de investigación internacional por sus vínculos con los grupos criminales organizados, compañías ficticias, cárteles y políticos corruptos identificados recientemente por el escándalo de los Papeles de Panamá, según un documento judicial de Florida”.
Mientras que a José Luis Merino, quien ocupaba el pseudónimo de “Ramiro” cuando era combatiente guerrillero, es descrito como un alto miembro del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y actual viceministro de Relaciones Exteriores para el gobierno de El Salvador. Él y Enrique Rais son copropietarios de la empresa de gestión de residuos, MIDES S.A. de C.V, actualmente atrapada en una disputa multimillonaria”.
En 2016, meses antes de ser detenido por el caso que está a punto de pasar a juicio, Enrique Rais admitió en conferencia de prensa que en sus aviones habían viajado diversas personalidades, entre ellas el exfiscal Luis Martínez, el mismo José Luis Merino y el presidente Salvador Sánchez Cerén.