El exempresario de la basura, Enrique Rais, quien se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de un año, fue acusado el pasado domingo por otro caso de corrupción.
Esta vez enfrenta un nuevo proceso penal por haber manipulado pruebas en contra de los empresarios canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, a quienes acusó de haberlo extorsionado con las acciones de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos S. E. M. de C. V. (MIDES), encargada de procesar la basura de varios municipios del país.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Enrique Rais se alió con el entonces fiscal general, Luis Martínez, para armar un proceso penal en contra de los empresarios canadienses. Para ello fabricaron pruebas falsas. Los otros cómplices fueron sus abogados Wilfredo Gutiérrez y Héctor Grimaldi. También su sobrino Hugo Blanco Rais.
La Fiscalía cuenta con los testimonios de testigos que aseguran que Enrique Rais decidió armar un proceso penal en contra de los canadienses para evitar cancelar la deuda que adquirió con ellos al comprarles MIDES.
¿Cómo fabricó las pruebas Enrique Rais? Según la Fiscalía, el exempresario de la basura compró a un funcionario de Medicina Legal para que elaborara peritajes psicológicos en los que se estableciera que Enrique Rais y Hugo Blanco Rais presentaban traumas y afectaciones psicológicas a raíz de que estaban sufriendo el delito de extorsión por parte de los canadienses.
Pero todo eso fue falso. El objetivo de Rais era neutralizar a los canadienses para no cancelar una deuda millonaria.
Fraude
Un correo electrónico enviado por el empresario canadiense Franco Pacetti a Enrique Rais (en diciembre de 2011) revela parte de las negociaciones por el manejo de la empresa MIDES.
En el mensaje, Pacetti, dueño del 50 por ciento de MIDES junto con Matteo Pascuale, le pide a Rais que los mantenga informado de las operaciones que realiza la empresa, sobre todo en la parte de los ingresos y egresos.
El empresario canadiense se queja de la irresponsabilidad de Rais en cuanto a los pagos que les corresponden como socios igualitarios. Incluso le reclama su ausencia y falta de comunicación con ellos.
En ese entonces, la relación entre Rais y los canadienses no era demasiado tensa. Sin embargo, en ese correo se vislumbran la cadena de pleitos que se desatarían años después.
En 2014, Enrique Rais, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, acusó a los empresarios canadienses en la Fiscalía por el delito de extorsión. En ese entonces fungía como fiscal general Luis Martínez. La demanda trascendió en tribunales de justicia y a los canadienses les giraron orden de captura.
Lo extraño fue que la acusación que los canadienses presentaron en la Fiscalía contra Enrique Rais fue ignorada. No tuvo trascendencia. Acabó engavetada. Eso despertó sospechas.
A mediados de ese año, algunos periódicos, entre ellos Diario1, publicó que el fiscal Luis Martínez había viajado en aviones del empresario Enrique Rais. Eso representaba un claro conflicto de interés. Pero lo grave fue que en algunos de esos viajes iban abogados de Rais y otros jefes fiscales.
A inicios de 2016, el fiscal Douglas Meléndez llegó a dirigir la Fiscalía General. Ahí descubrió que Martínez y Rais habían conspirado contra los canadienses. Les habían armado casos. Fue entonces que ordenó la captura de ambos por delitos de corrupción.
Enrique Rais fue acusado de comprar jueces, fiscales y otros empleados públicos para dirigir acciones jurídicas a su favor y para atacar a sus adversarios.
La Fiscalía conocía la peligrosidad de Rais. Por eso le pidió a la jueza de paz que lo enviara a prisión. Pero esta no atendió la petición de la Fiscalía y dejó en libertad a Rais. Meses después una Cámara de lo Penal revirtió ese beneficio. Pero era demasiado tarde: Enrique Rais se había escapado.
Congresistas de EE.UU recomiendan incluir a Rais en lista Magnitsky
Congresistas estadounidenses del Partido Demócrata y Republicano le pidieron en agosto pasado al presidente Donald Trump que investigue tanto a Enrique Rais como al dirigente del FMLN José Luis Merino y les aplique la denominada Ley Global Magnitsky, debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Dichos congresistas también pidieron al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro que imponga las sanciones económicas correspondientes a Rais y a Merino, los únicos dos salvadoreños considerados para entrar en la infame lista de personas designadas bajo esta ley.
La Ley Global Magnitsky fue aprobada en 2016 por el Congreso de los Estados Unidos con el propósito de perseguir a los corruptos y a los violadores de derechos humanos.
A las personas que les aplican esta ley pasan a formar parte de una lista negra. La ley no limita al tipo de persona que se le aplica: pueden ser ciudadanos comunes, influyentes empresarios y políticos señalados por corrupción en sus propios países.
En un inicio, la ley fue creada para sancionar únicamente a los funcionarios rusos relacionados con la muerte del abogado Serguéi Magnitsky, a quien debe su nombre, quien después de denunciar un fraude fiscal terminó encarcelado y muerto. Pero luego la ley fue reformada.
Ahora permite a los Estados Unidos golpear las fuentes económicas de los sancionados, quienes a partir de su incorporación a la lista negra no pueden tener cuentas bancarias en Estados Unidos. Además, las personas y empresas estadounidenses están impedidas de hacer negocios con ellos.
Foto arte D1, Manuel Jacinto.
En el documento que los congresistas elaboraron para someter la petición en contra de Merino y Rais, se describe al exempresario como “es un prominente hombre de negocios salvadoreño” que “fue designado como objetivo prioritario de la DEA y sujeto de investigación internacional por sus vínculos con los grupos criminales organizados, compañías ficticias, cárteles y políticos corruptos identificados recientemente por el escándalo de los Papeles de Panamá, según un documento judicial de Florida”.