El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador realizó la mañana de este viernes la audiencia de aportación de pruebas en el juicio por difamación contra Rolando Castro, jefe de la Unidad de Plazas y Jardines de la Alcaldía Municipal de San Salvador.
Castro llegó a los tribunales y se mostró desafiante. Cuando los periodistas lo comenzaron a retratar, sacó su teléfono celular y comenzó a tomar fotografías.
Rolando Castro es acusado de difamar al presidente de la Fundación Transparencia, Adolfo Salume. Este viernes, al finalizar la audiencia, José Manuel Cruz, abogado de Salume, aseguró que la jueza admitió “todas las pruebas” presentadas en contra del empleado municipal. “Nuestra pretensión es que se pase a la controversia del elemento probatorio”, dijo el abogado.
Por su parte, Rolando Castro suavizó las acusaciones contra Fito Salume. Ahora ya no le dijo corrupto, sino que le llamó condenado. “Lo dije y lo sostuve hoy en sede judicial y lo voy a seguir diciendo públicamente: es un hombre condenado”.
El pasado 22 de marzo, Rolando Castro participó en la entrevista televisiva con Ernesto López y atacó al presidente de Fundación Transparencia, Fito Salume. Lo calumnio, lo difamó y emitió una serie de adjetivos descalificativos sin presentar una sola prueba.
Días después, el 5 de abril, Salume acudió a la misma entrevista para desmentir a Rolando Castro y para anunciar que acudiría a los tribunales a interponer una acusación por el delito de calumnia.
Entre otras cosas, Salume dijo que las acusaciones de Rolando Castro fueron un mecanismo de defensa que este utilizó para no aclarar las acusaciones públicas que Fundación Transparencia había hecho en su contra.
A inicios de este año, Fundación Transparencia difundió una acusación que había llegado a sus oficinas, y que se hizo pública en distintos medios de comunicación, en la que se señalaban posibles actos de corrupción de Rolando Castro.
En esa denuncia, por ejemplo, se decía que el empleado municipal participaba en algunos negocios oscuros como el de la empresa Hydro Oil, cuyas acciones en un 99% pertenecen a Enrique Rais (prófugo de la justicia desde hace casi dos años).
Esa empresa, según la denuncia que llegó a Fundación Transparencia, ha sido la ganadora de licitaciones para el suministro de combustibles que consume la Alcaldía de San Salvador, en un proceso que debe ser examinado porque Hydro Oil ha obtenido la licitación durante tres años consecutivos como único ofertante. Ese hecho llamó la atención de Fundación Transparencia porque es conocido que en el país existen varias empresas muy competitivas que están en el negocio y normalmente bajo condiciones equitativas estarían ofertando grandes volúmenes que requiere la Alcaldía.
Rolando Castro toma fotografías a los periodistas que daban cobertura a la audiencia. Foto D1.
Además, Fundación Transparencia hizo públicas otras denuncias en las que se acusaba a Rolando Castro de dirigir en la alcaldía de San Salvador un ejército de plazas fantasmas, y que estas personas, que ocupaban estos cargos ilegales, participaban en acciones de choque que el empleado municipal organizaba contra sus adversarios polícos.
De hecho, el 22de marzo, el día de la entrevista con Ernesto López, Rolando Castro instigó públicamente a un grupo de miembros de ASTRAM para que protestaran frente a MOLSA, una de las empresas del presidente de Fundación Transparencia.
Los manifestantes, dirigidos por Castro, bloquearon las calles del Bulevar del Ejército y crearon un caos vehicular. Las personas que transitaban por esas arterias se quejaron porque les tocó caminar para llegar a sus trabajos. Otros llegaron tarde. Algunos se quejaron por el gasto de gasolina que significó la protesta. Pero, además, los manifestantes agredieron e intimidaron a los empleados de MOLSA.
Por estos hechos, Salume indicó que también acusaría a Rolando Castro por el delito de desórdenes públicos agravados.
Y es que el artículo 348 del Código Penal específica que ese delito se configura “cuando dos o más personas alteran el orden público obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas para los que por ellas circulen o impidiéndoles la libre circulación o tránsito o invadiendo instalaciones o edificios serán sancionados con prisión de dos a cuatro años”.
Además el delito aplica cuando los hechos son cometidos o instigados por un funcionario o autoridad pública. En ese caso, además de la pena de prisión, se inhabilitará o suspenderá del cargo público.
Por esos días, Rolando Castro dirigió una serie de conferencias de prensa, en distintos hoteles capitalinos, donde volvió a atacar a Adolfo Salume. Ahí también difamó y calumnió. Volvió a decir una serie de mentiras.