La Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro declaró “ha lugar” la recusación presentada por los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador para conocer la vista pública contra los abogados Héctor Francisco Grimaldi Membreño y Luis Ernesto Peña Ortiz, además del exfiscal general Luis Antonio Martínez González y el ex director de la Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Adalberto Arriaza Gonzáles y, acusados de fraude procesal, actos arbitrarios y omisión de investigación para favorecer al empresario prófugo Enrique Rais.
Los juzgadores se excusaron ante dicha Cámara de conocer este proceso para salvaguardar la imparcialidad del Tribunal, debido a que el procesado Grimaldi Membreño se desempeñó por 13 años como empleado de dicho Tribunal.
“En línea de garantizar un proceso justo con arreglo a las garantías constitucionales y procesales, así como del acceso de los imputados a la jurisdicción imparcial e independiente, a la transparencia que debe regir la actividad judicial, así como a razones de ética y justicia, se admitirá la excusa formulada por los jueces… del Tribunal Segundo de Sentencia de esta ciudad, y se separarán del conocimiento del presente proceso”, sostiene el recurso presentado por el Tribunal.
De acuerdo con el departamento de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, se espera que la Oficina Distribuidora de Procesos designe al nuevo tribunal que conocerá dicha causa.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía dos años atrás, tanto Arriaza como Martínez tenían conocimiento de las escuchas telefónicas de las conversaciones que mantenían el exjuez Noveno de Instrucción Romeo Aurora Giammatei y un empleado de Enrique Rais para favorecerlo en una causa legal.
Ambos fueron capturados gracias al testimonio de Sigfredo Campos Crespo, entonces jefe del Centro de Intervenciones Telefónicas, que notificaba de las escuchas a ambos, sin que estos hicieran algo ante los delitos que se cometían.
Previamente, Luis Martínez fue condenado a cinco años de prisión por divulgar material reservado que comprometía al exsacerdote católico español Antonio Rodríguez y a su vez tiene otro proceso en su contra por diversos delitos de corrupción, entre ellos lavado de dinero, al estar acusado de encabezar una red de corrupción en la Fiscalía que vendía justicia durante su gestión, para no procesar a importantes empresarios y figuras políticas, entre ellos el antes mencionado Enrique Rais y el expresidente Mauricio Funes.