La Cámara Segunda de lo Penal rechazó el recurso interpuesto por los abogados del exempresario de la basura Enrique Rais, para invalidar el proceso que se le sigue por los delitos de de cohecho activo, falsedad ideológica y fraude procesal, en perjuicio de Claudia Herrera, contra quien habría fabricado un proceso judicial con la ayuda del exfiscal general Luis Martínez y una red de abogados y jueces.
En dicho proceso, por el cual está prófugo de la justicia desde enero de 2017, se acusa a Rais de estar detrás de una red de corrupción en la que jueces, abogados y fiscales recibían sobornos para procurar que el exempresario fuera favorecido en diversos procesos legales y se crearan casos de forma arbitraria contra sus enemigos.
De acuerdo con una publicación de La Prensa Gráfica, la Cámara también notificó que el recurso para apartar del caso al juez Octavo de Instrucción, Mario Mira Montes, a quien acusan de presuntas subversiones legales, tampoco procedió, por lo que el juzgador continuará ventilando el caso hasta que se notifique si pasa o no a la fase de sentencia.
Desde el pasado 26 de febrero, Interpol giró una orden de captura con difusión roja contra Rais, quien se presume se esconde en Suiza, país del que también es ciudadano. Además de ser buscado en 192 países gracias a la difusión roja de Interpol, es uno de los 100 criminales más buscados por la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador.
El pasado 18 de septiembre, dicho juzgado ratificó la orden de captura contra Rais, la cual se giró desde el 23 de enero de 2017. La decisión emanó de una audiencia especial de revisión de medidas solicitada por los abogados de Rais, quienes pretendían desvirtuar la orden de captura contra su cliente.
No obstante, la pretensión de los abogados se esfumó cuando el juez estimó que debido a que Rais no compareció a la audiencia y no someterse al proceso judicial, la orden de captura en su contra debía ser ratificada.
Ante esto, los abogados del empresario arguyeron que su cliente desea someterse al proceso, pero debido a que se encuentra en un lugar “sin tratado de extradición”, se expone a que sea arrestado al momento de pisar un aeropuerto.
La Fiscalía determinó que había suficientes indicios para procesar a Rais, cuando se descubrió mediante escuchas telefónicas que él y otro abogado hablaban sobre $5,000 que le habían pagado al psicólogo Néstor Recinos, para que hiciera constar que él y su sobrino tenían un daño psicológico por las supuestas amenazas que les hizo Claudia Herrera.
Además de José Aquiles Enrique Rais, están involucrados en este caso el ex juez Romeo Aurora Giammattei, Mauricio Álvarez Gálvez, Wilfredo Ernesto Gutiérrez, Hugo Ernesto Blanco Rais, Héctor Francisco Grimaldi, Luis Ernesto Peña Ortiz, Hilda Guadalupe Trigueros, Julio Adalberto Arriaza González y Néstor Francisco Recinos, procesados falsedad ideológica, fraude procesal, cohecho activo prevaricato y otros, en perjuicio de la administración de justicia y de Claudia María Herrera.
Foto D1, archivo.
Por este caso, todos los implicados fueron detenidos el 22 de agosto de 2016 y siete días más tarde, la jueza Séptimo de Paz les concedió medidas sustitutivas al arresto, al considerar que ninguno de los implicados representaba un peligro de fuga.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal anunció el 12 de enero que revocaba las medidas dictadas por el juzgado de Paz y ordenó la recaptura de los implicados en el caso. De ellos, solo el exfiscal general Luis Martínez fue recapturado y actualmente guarda prisión en el penal La Esperanza, conocido como Mariona.
Rais además es requerido por la justicia desde el 25 de octubre pasado, al estar señalado en el llamado “Caso Corruptela”, que implica una red de sobornos y lavado que habría ocurrido durante la gestión de Luis Martínez en la Fiscalía General de la República.
Además de Enrique Rais, a su sobrino Hugo Blanco Rais, y a los empresarios Aldo Parducci y y al exfuncionario de la Fiscalía, Francisco Paredes, se les libraron órdenes de captura.
Tanto Rais como su sobrino son acusados de cohecho activo, mientras que Aldo Parducci encara los delitos de cohecho activo y falsedad ideológica. Por su parte, Francisco Paredes es procesado por omisión de investigación, falsedad documental agravada y privación de libertad por funcionario o empleado público.
Congresistas de EE.UU recomiendan incluir a Rais en lista Magnitsky
Congresistas estadounidenses del Partido Demócrata y Republicano le pidieron en agosto pasado al presidente Donald Trump que investigue tanto a Enrique Rais como al dirigente del FMLN José Luis Merino y les aplique la denominada Ley Global Magnitsky, debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Dichos congresistas también pidieron al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro que imponga las sanciones económicas correspondientes a Rais y a Merino, los únicos dos salvadoreños considerados para entrar en la infame lista de personas designadas bajo esta ley.
La Ley Global Magnitsky fue aprobada en 2016 por el Congreso de los Estados Unidos con el propósito de perseguir a los corruptos y a los violadores de derechos humanos.
A las personas que les aplican esta ley pasan a formar parte de una lista negra. La ley no limita al tipo de persona que se le aplica: pueden ser ciudadanos comunes, influyentes empresarios y políticos señalados por corrupción en sus propios países.
En un inicio, la ley fue creada para sancionar únicamente a los funcionarios rusos relacionados con la muerte del abogado Serguéi Magnitsky, a quien debe su nombre, quien después de denunciar un fraude fiscal terminó encarcelado y muerto. Pero luego la ley fue reformada.
Ahora permite a los Estados Unidos golpear las fuentes económicas de los sancionados, quienes a partir de su incorporación a la lista negra no pueden tener cuentas bancarias en Estados Unidos. Además, las personas y empresas estadounidenses están impedidas de hacer negocios con ellos.
En el documento que los congresistas elaboraron para someter la petición en contra de Merino y Rais, se describe al exempresario como “es un prominente hombre de negocios salvadoreño” que “fue designado como objetivo prioritario de la DEA y sujeto de investigación internacional por sus vínculos con los grupos criminales organizados, compañías ficticias, cárteles y políticos corruptos identificados recientemente por el escándalo de los Papeles de Panamá, según un documento judicial de Florida”.
Fotoarte: D1.
Mientras que a José Luis Merino, quien ocupaba el pseudónimo de “Ramiro” cuando era combatiente guerrillero, es descrito como un alto miembro del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y actual viceministro de Relaciones Exteriores para el gobierno de El Salvador. Él y Enrique Rais son copropietarios de la empresa de gestión de residuos, MIDES S.A. de C.V, actualmente atrapada en una disputa multimillonaria”.
En 2016, meses antes de ser detenido por el caso que está a punto de pasar a juicio, Enrique Rais admitió en conferencia de prensa que en sus aviones habían viajado diversas personalidades, entre ellas el exfiscal Luis Martínez, el mismo José Luis Merino y el presidente Salvador Sánchez Cerén.