El exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, puso un aviso a la Fiscalía General de la República para que investigue supuestas anomalías en el peritaje que la Corte de Cuentas de la República realizó a la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS).
Debido al dictamen del peritaje a la obra, en el que se encontraron varias deficiencias en la calidad de la obra, Martínez fue condenado a pagar una multa de $2.3 millones, como parte del juicio de cuentas que el ente contralor lleva sobre el SITRAMSS.
Martínez y sus abogados consideran que hay indicios de falsedad documental agravada que la Fiscalía debe investigar en contra de las peritos que actuaron en base a la auditoría de cuentas.
De acuerdo con el peritaje, Martínez no se cercioró de que la empresa constructora siguiera las especificaciones del contrato para la construcción de la Terminal de Integración de Soyapango.
Los peritos establecieron que hubo un cambio de diseño sin la autorización del contratante y eso generó una responsabilidad administrativa. Esto es algo que debate Martínez, ya que asegura que es un contrato de Diseño-construcción, el cual no admite modificaciones.
Además sostiene que no se pueden modificar los montos, esto, ante el señalamiento de que la constructora de la obra que abarca el Bulevar del Ejército y la Alameda Juan Pablo II, se quedó con el anticipo de la obra y subió costos en un 152%.
“No han podido probar insuficiencias y han ocultado cosas”, afirmó Martínez. Mientras que su abogado particular, Henry Campos, agregó que el peritaje contiene alteración de datos numéricos y manipulación de la realidad.
El exministro y exaspirante a la candidatura presidencial del FMLN, cree que hay dolo de por medio en el dictamen, ya que este se notificó el mismo día que se convocaron a elecciones para presidente y vicepresidente de la República.
El primer tramo del proyecto, que planteó un tipo autobús moderno y rápido, se habilitó en diciembre de 2013. Actualmente tiene una sentencia pendiente en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se cuestiona la legalidad de la concesión de la vía pública a un asocio público-privado.