La Fiscalía General de la República podría enfrentarse a demoras en las investigaciones en torno al caso “Saqueo Público”, que implica al expresidente Mauricio Funes con una red de corrupción que habría desfalcado $351 millones de las arcas públicas. Esto, a raíz de la más reciente suspensión que el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera internacionales le impuso a El Salvador.
“Con las estadísticas que yo manejo. Le puedo decir que él (expresidente Funes) es uno de los mayores beneficiarios con la suspensión del Grupo Egmont”, dijo Jorge Cortez, jefe Unidad contra Lavado de Activos de la Fiscalía.
“En ese mismo instante (de la suspensión) se bloquearon los accesos de comunicación internacional que tenía la UIF a 159 países”, afirmó por su parte Maricela Campos, jefa de la UIF de la Fiscalía Financiera.
Jorge Cortez señaló además que su entidad no podrá acceder a al menos peticiones internacionales sobre información financiera relacionadas a personas y sociedades ligadas al proceso, en el que principalmente se rastrean activos que habrían sido movilizados en el esquema de corrupción liderado por Funes.
El expresidente es acusado por los delitos de lavado de dinero y peculado. Actualmente se encuentra asilado por el gobierno de Nicaragua desde septiembre de 2016 y un pedido de extradición por parte de la Fiscalía se encuentra bajo el conocimiento del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Cortez explicó que gracias a la información que se obtenía por medio de las UIF que integran el Grupo Egmont, fue que dieron con el paradero del mayor Luis Miguel Ángel García, piloto presidencial durante el mandato de Funes, quien junto a su esposa habrían incurrido en una operación de lavado de dinero como parte del caso “Saqueo Público”.
García y su familia se habrían radicado en Chile y su extradición fue solicitada a finales de septiembre por el juzgado Quinto de Instrucción. De acuerdo con la Fiscalía, el militar habría servido de testaferro de Funes, en la compra de terrenos que no estaban al alcance de sus ingresos anuales.
El pasado 24 de septiembre y como parte de la plenaria que el Grupo Egmont celebró en Australia, se anunció la suspensión de El Salvador, debido a lo que se consideró como una continua falta de compromiso con los principios de independencia operacional y autonomía de las unidades encargadas de verificar las operaciones financieras en el mundo.
La suspensión fue notificada a la Fiscalía el pasado 12 de octubre y esta se había anticipado, luego que el presidente Salvador Sánchez Cerén vetara en agosto pasado la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía, para darle autonomía a su UIF.
“La resolución de Egmont reconoce esfuerzo de la UIF para evitar suspensión pero establece que la opinión de la Presidencia fue determinante para tomar la decisión, ya que debería ser desde el Ejecutivo que debería liderarse la prevención del Lavado de Dinero y Activos en el país”, dijo la Fiscalía en un comunicado.
Maricela Campos recordó que la divulgación que fue la divulgación de un documento confidencial por parte del expresidente Mauricio Funes, lo que llevó a El Salvador a enfrentar un proceso legal a nivel internacional en el que tuvo que intervenir el Grupo Egmont, por lo cual también hay un expediente fiscal abierto en la Fiscalía.
La fiscal especificó que El Salvador fue puesto bajo el escrutinio de funcionarios de Argentina, México y Perú, que le establecieron condiciones para conservar su membrecía en el grupo, a la vez que remitieron el caso al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que en su recomendación 29 aconsejó la autonomía de la UIF.
El pasado 20 de julio se aprobó la reforma al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía que se lee de esta forma: “La Unidad de Investigación Financiera (UIF), es una oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República, con autonomía funcional y técnica para recibir, procesar, analizar y diseminar a la autoridad competente en el marco de la ley, información para prevenir y detectar el lavado de dinero y activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
En dicha plenaria, el FMLN no acompañó con sus votos la reforma, bajo el argumento de que era inconstitucional. “El artículo 173 habla del fiscal general de la República y sus atribuciones; le atribuye personalmente a él la investigación del delito. Podemos estar en cierta medida tocando la constitución y las atribuciones del fiscal. Hay una situación de soberanía que debemos revisar, al darle esta autonomía a la UIF”, dijo en aquel momento el diputado efemelenista, Javier Valdez.
Ese fue el mismo argumento que usó el presidente Salvador Sánchez Cerén cuando un mes más tarde, devolvió el decreto con su veto, por supuestamente contravenir los artículos 86 y 193 de la Constitución, fundamentando que esta reforma le resta atribuciones exclusivas del Fiscal General de la República.
No obstante, Maricela Campos sostuvo que la UIF realiza actividades de monitoreo de operaciones financieras sospechosas y que cualquier anomalía es comunicada a la Fiscalía para que esta investigue, por lo que no comparte la posición que el presidente esgrimió para vetar la medida.
Además advirtió que El Salvador podría estar expuesto a una expulsión definitiva del grupo Egmont el próximo año y la deshonrosa designación de país de alto riesgo para el cometimiento del lavado de dinero, de no superar el veto presidencial.