El exfiscal general, Luis Martínez, también favoreció a los cabecillas del cártel de Texis a cambio de dádivas. No solo bloqueó investigaciones, sino que ocultó información clave para llevar el caso a instancias judiciales.
De acuerdo con las más recientes investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Luis Martínez ordenó a los fiscales de la Unidad de Investigación Financiera que limpiaran el expediente de José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo.
El objetivo era que Chepe Diablo pudiera hacer operaciones financieras, pues, luego del reportaje publicado por el periódico El Faro, donde se le vinculaba a actividades de narcotráfico, había sido bloqueado en el sistema financiero.
“Uno de los casos es del señor Adán Salazar Umaña, a quien se le ordenó el archivo definitivo administrativo en la Unidad de Investigación Financiera y para que pudiera realizar las operaciones financieras”, explicó Jorge Cortez, actual jefe de la Unidad de Investigaciones Financieras de la Fiscalía.
Pero Luis Martínez no solo protegió y favoreció a Chepe Diablo. Según la Fiscalía, también favoreció al entonces alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, y su hijo Wilfredo Guerra, expresidente de Gumarsal. Actualmente ambos se encuentran prófugos de la justicia.
Sin embargo, en mayo de 2014 el presidente Barack Obama declaró capo internacional de la droga a Chepe Diablo y la presión pública hizo que Luis Martínez actuara.
Fue entonces que acusó a Chepe Diablo, Juan Samayoa y Wilfredo Guerra por los delitos de evasión de impuestos. No obstante, luego de pagar una multa, los tribunales de justicia los absolvieron de cargos.
Según Jorge Cortez, la Fiscalía de ese entonces tenía elementos para procesar a Chepe Diablo, Samayoa y Guerra por el delito de lavado de dinero. No obstante, no hicieron ninguna investigación.
Fue hasta el mes de abril de 2017, en la actual administración de la Fiscalía, que se acusó a estas personas por el delito de lavado de dinero. El caso aún está en los tribunales de justicia.
Chepe Diablo comenzó cambiando quetzales en la frontera de El Salvador con Guatemala. A mediados de los años noventa, de la noche a la mañana, se convirtió en un próspero empresario. En 1997, por ejemplo, fundó junto con Juan Umaña Samayoa una empresa de granos llamada Gumarsal. Este último se convirtió años después en alcalde de Metapán. Actualmente es prófugo de la justicia. Los fiscales lo acusan de pertenecer a la red de lavadores encabezada por Chepe Diablo.
Chepe Diablo es dueño de gasolinera, hoteles y otras empresas. En 2014 fue designado por los Estados Unidos capo internacional de la droga. Fue capturado y encarcelado en abril del año pasado por lavado de dinero.
Quedó en libertad luego que la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador revirtiera la detención provisional ordenada por el juez Cuarto de Instrucción. Adán Salazar pagó una fianza de 200 mil dólares.
Un día después, la Fiscalía General de la República (FGR) brindó una conferencia de prensa y cuestionó la resolución de los magistrados Guillermo Arévalo Domínguez y Disraely Omar Pastor.
Actualmente Adán Salazar está en libertad condicional. Pero son muchos los que dudan de los magistrados de Cámara que le otorgaron ese beneficio.
El exalcalde prófugo
El exalcalde de Metapán, Juan Samayoa, se encuentra prófugo de la justicia desde abril del año pasado. Es procesado por el delito de lavado de dinero. A mediados de los años noventa comenzó a comercializar granos básicos. Fundó, junto con José Adán Salazar, alias Chepe Diablo, la empresa Agroindustrial Gumarsal. Su patrimonio creció aceleradamente. Eso levantó sospechas. Las autoridades policiales comenzaron a darle seguimiento a sus negocios.
A finales de los años noventa se metió a la política. Primero fue concejal de la alcaldía de Metapán por ARENA, pero luego abandonó ese partido. Desde 2006 era el alcalde de Metapán.
En 2011, el periódico digital El Faro reveló que Juan Samayoa era uno de los cabecillas del Cártel de Texis, una organización de crimen organizado que opera en el occidente del país. Pese a esa publicación y a los tres informes policiales existentes, las autoridades no hicieron nada por judicializar el caso.
En el año 2014, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó por el delito de evasión de impuestos. Al final, Samayoa decidió pagar $1 millón para saldar cuentas y quedó libre de cargos.
En abril del año pasado, la Fiscalía ordenó la captura del alcalde Juan Samayoa por el delito de lavado de dinero. Entre otras cosas, los fiscales encontraron que Samayoa tuvo un incremento patrimonial no justificado de 1 millón 721 mil 510 dólares.
No obstante, cuando los policías montaron el operativo para capturar a Samayoa, este ya se había escapado. No lo encontraron por ningún lado.