El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, confirmó este lunes que las osamentas encontradas en Usulután pertenecen a la agente policial desaparecida Carla Ayala y que las mismas fueron identificadas gracias a pruebas de ADN prácticadas a la víctima y a sus familiares.
«Las muestras analizadas estregadas al Instituto de Medicina Legal, con los restos encontrados en San Francisco Javier, resultaron positivos en la identidad de la víctima Carla Ayala, dijo el funcionario en conferencia de prensa.
El funcionario aseguró las investigaciones determinaron que el cuerpo de Ayala fue enterrado en una propiedad del cantón Los Ríos de dicho municipio de Usulután, misma que fue custodiada desde viernes pasado hasta corroborar la información.
Las autoridades del Instituto de Medicina Legal tenían desde hace tres meses las muestras del ADN de la madre de la agente desaparecida, lo que facilitó el reconocimiento, dijo el fiscal general.
«El caso se ha resuelto, a pesar que ha sido un proceso complicado. La investigación se tornó compleja quizá debido al involucramiento de algunos agentes», reiteró el encargado de dirigir la investigación del delito.
El fiscal aseguró que aún falta capturar al principal señalado en este caso, quien responde al nombre de Juan José Castillo.
«La captura de los prófugos es responsabilidad de la policía en coordinación con la policía internacional (INTERPOL)», expresó Meléndez.
Caso Carla Ayala
La agente Carla Ayala, junto a otros compañeros de la corporación policial, acudió a una fiesta organizada por el Grupo de Reacción Policial (GRP) en las cercanías del estadio Cuscatlán. Durante la madrugada del 29 de diciembre de 2017, Juan José Castillo hirió de bala a Ayala, quien fue privada de libertad y desde entonces se desconoce su paradero.
A inicios de junio pasado, la PNC oficializó la captura de siete policías y tres civiles, quienes fueron presentados a tribunales por la Fiscalía y acusados del delito de homicidio agravado e incumplimiento de deberes.
Los imputados fueron procesados en la audiencia inicial y el juez respectivo decidió enviarlos a prisión. Mientras tanto, otros involucrados huyeron del país para evitar ser aprehendidos por este caso.
Uno de los agente del GRP que huyó del país fue Carlos Alberto Flores Fernández, quien fue arrestado en Estados Unidos y deportado a El Salvador el 26 de junio pasado. El imputado habría colaborado para que Juan José Castillo, huyera con la víctima.