El excanciller nicaragüense José Pallais ve inviable que el gobierno de su país acceda a extraditar a El Salvador al expresidente Mauricio Funes, quien desde hace dos años se encuentra protegido por el gobierno de Daniel Ortega, por considerarlo como “perseguido político”.
El pasado 14 de septiembre, la Fiscalía General de la República anunció que ya presentó al Juzgado Quinto de Instrucción la solicitud formal de extradición contra Funes, su compañera de vida Ada Mitchell Guzmán y sus dos hijos, Diego Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.
Funes es acusado por los delitos de Peculado y Lavado de dinero y activos, como parte de una red que habría desfalcado un estimado de $351millones del erario público a través de modificaciones presupuestarias que pasaron sin control a diversas partidas de gastos reservados.
Por su parte, Ada Mitchel Guzmán “La Michy”, es acusada por lavado de dinero, mientras que los hijos del expresidente son requeridos por la justicia bajo el cargo de Caso Especial de lavado de dinero y activos.
Según el diplomático, el “interés político” entre dos viejos aliados políticos como lo son el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partidos gobernantes de El Salvador y Nicaragua respectivamente, prevalecerá sobre el pedido de justicia de la Fiscalía.
Dirigentes del FMLN reconocieron en septiembre de 2016 que ellos recomendaron a Funes pedir asilo político en Nicaragua, en el momento que la Fiscalía lanzó la investigación para buscar indicios que lo ligaran con actos de corrupción durante su mandato.
Desde junio pasado, cuando se giraron órdenes de captura contra Funes y más de 30 acusados de un caso llamado “operación saqueo”, el gobierno sandinista se ha negado a cooperar con la justicia salvadoreña.
“Aun cuando los tratados internacionales obligan al Gobierno a extraditar a Funes para que responda en los tribunales, eso no va a suceder y no importa si con eso el mensaje a la comunidad internacional es que Nicaragua protege a la delincuencia internacional”, dijo Pallais en declaraciones al periódico La Prensa de Nicaragua.
Como toda solicitud de extradición, esta será remitida por el juzgado de la causa al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que deberá determinar si es procedente y se solicita a Nicaragua agilizar la diligencia.
Nicaragua y El Salvador son firmantes del Convenio Centroamericano para la Detención y Extradición Simplificada , tratado firmado por seis países de Centroamérica y El Caribe con el fin de facilitar la lucha contra el crimen a través de procesos de extradición más ágiles.
Magistrados de la CSJ dijeron luego de conocerse la orden de captura contra Funes que al ratificarse una acusación penal contra Funes, el asilo del que goza en Nicaragua queda sin efecto. Precisamente, el presidente nicaragüense Daniel Ortega presionó para ratificar en 2011 el Convenio Centroamericano para la Detención y Extradición Simplificada.
No obstante, una de las cosas por las cuales Pallais cree que la petición de extradición no será atendida por Ortega, es porque el mismo presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, no ha objetado el asilo a su homólogo nicaragüense.