El juzgado Quinto de Instrucción remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la orden de extradición contra el expresidente Mauricio Funes y su núcleo familiar, según informó este viernes la Fiscalía General de la República (FGR).
La solicitud fue presentada por el Ministerio Público el pasado 14 de septiembre y además de Funes, aplica para la compañera de vida de este, Ada Mitchell Guzmán, más dos de sus hijos, Diego Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.
Funes es acusado por los delitos de Peculado y Lavado de dinero y activos, como parte de una red que habría desfalcado un estimado de $351millones del erario público a través de modificaciones presupuestarias que pasaron sin control a diversas partidas de gastos reservados.
Por su parte, Ada Mitchel Guzmán “La Michy”, es acusada por lavado de dinero, mientras que los hijos del expresidente son requeridos por la justicia bajo el cargo de Caso Especial de lavado de dinero y activos.
El aviso se da en medio de declaraciones brindadas por personeros del gobierno, en las que consideraron que la emisión de una orden de captura con difusión roja por parte de Interpol sería inviable, dado que Funes fue considerado como “protegido político” por parte del gobierno nicaragüense, el cual lo asiló desde septiembre de 2016.
No obstante el juez Quinto de Instrucción, Edward Sidney Blanco sostuvo en el oficio girado a la Corte Plena que la no publicación de una difusión roja contra Funes no es indispensable para girar el proceso de extradición.
Asimismo destacó que será a fin de cuentas la Corte Plena la que determine la conveniencia de la publicación de una difusión roja contra los requeridos.
El juez Blanco también libró oficios a la Dirección de Identificación Ciudadana del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), para que remita las certificaciones de impresión de datos e imagen del trámite de documento único de identidad (DUI) y a la Dirección General de Migración y Extranjería para que esta entregue el registro de la última salida del territorio nacional de los requeridos.
Recientemente el excanciller nicaragüense José Pallais ve inviable que el gobierno de su país acceda a extraditar a El Salvador al expresidente Funes. Según el diplomático, el “interés político” entre dos viejos aliados políticos como lo son el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partidos gobernantes de El Salvador y Nicaragua respectivamente, prevalecerá sobre el pedido de justicia de la Fiscalía.
Dirigentes del FMLN reconocieron en septiembre de 2016 que ellos recomendaron a Funes pedir asilo político en Nicaragua, en el momento que la Fiscalía lanzó la investigación para buscar indicios que lo ligaran con actos de corrupción durante su mandato.
Desde junio pasado, cuando se giraron órdenes de captura contra Funes y más de 30 acusados de un caso llamado “operación saqueo”, el gobierno sandinista se ha negado a cooperar con la justicia salvadoreña.
“Aun cuando los tratados internacionales obligan al Gobierno a extraditar a Funes para que responda en los tribunales, eso no va a suceder y no importa si con eso el mensaje a la comunidad internacional es que Nicaragua protege a la delincuencia internacional”, dijo Pallais en declaraciones al periódico La Prensa de Nicaragua.
Nicaragua y El Salvador son firmantes del Convenio Centroamericano para la Detención y Extradición Simplificada , tratado firmado por seis países de Centroamérica y El Caribe con el fin de facilitar la lucha contra el crimen a través de procesos de extradición más ágiles.
Magistrados de la CSJ dijeron luego de conocerse la orden de captura contra Funes que al ratificarse una acusación penal contra Funes, el asilo del que goza en Nicaragua queda sin efecto. Precisamente, el presidente nicaragüense Daniel Ortega presionó para ratificar en 2011 el Convenio Centroamericano para la Detención y Extradición Simplificada.
La Fiscalía acusa a Funes de dirigir una red para sustraer dinero de instituciones públicas y usarlo para beneficio de los miembros de la trama. La operación para localizar y aprehender a los acusados empezó el pasado 8 de junio, cuando fue capturado el empresario Miguel Menéndez Avelar, mejor conocido como Mecafé. El amigo cercano de Mauricio Funes cayó mientras se encontraba en un rancho de playa de su propiedad, ubicado en el departamento de La Paz.
Funes, su compañera de vida y más de una decena de acusados se encuentran prófugos de la justicia desde el 11 de junio, cuando el juzgado Quinto de Paz ordenó detención para 17 implicados y el 27 de junio decretó captura nacional e internacional contra el resto de acusados.
El juez Blanco enfrenta varios recursos de recusación por parte del equipo de abogados de varios de los acusados, incluido el de la exprimera dama de la República, Vanda Pignato, quien también figura en el caso “Saqueo Público”.
Los abogados argumentan que cuando fue magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanco firmó la resolución en la que se declaraba la existencia de enriquecimiento ilícito del expresidente Funes y su exesposa Pignato. Dicho caso está en apelación en la Sala de lo Civil.
En su respuesta, Blanco explicó que dichas declaraciones están relacionadas únicamente a las irregularidades preliminares detectadas en el procedimiento administrativo seguido en la Sección de Probidad y no respecto a la actual causa penal, en la que tanto Funes y Pignato serán juzgados por el delito de lavado de dinero.
Asimismo dijo no aceptar que tales participaciones podían poner en duda su imparcialidad como juez, reiterando finalmente que no tiene ningún interés en tramitar el mismo.