El Banco Promerica enfrenta un embargo ordenado en abril por el Juez de lo Civil de Santa Tecla, Henry Arturo Perla Aguirre, por un monto de $5millones de dólares, según dijo una fuente conocedora del proceso legal.
De acuerdo con la información, el fallo fue emitido el 3 de abril pasado, día que además se le giró la orden al Ejecutor de Embargos del Juzgado, Rolando Alberto Quijano Gálvez, a que trabe el embargo contra la entidad bancaria que inició operaciones desde 1996.
Precisamente el caso que motivó la solicitud de embargo data de 1996, cuando un cliente pidió cobrar un certificado de depósito a plazo con los intereses devengados, pero el banco se rehusó a hacerlo.
Las fuentes relacionadas con el caso indicaron en condición de confidencialidad a Diario 1 que el embargo al cual está sujeto Banco Promérica ha sido ocultado a la Superintendencia del Sistema Financiero, organismo estatal encargada de supervisar que los bancos cumplan con las leyes y evitar que no incurran en riesgos.
Las repercusiones que puede tener este caso para la estabilidad de Banco Promerica son tales, que sus mismos abogados defensores han admitido que el embargo amenaza la solvencia de la entidad, ya que estos bienes forman parte de las reservas de liquidez requeridas por las regulaciones bancarias.
Expertos en legislación financiera sostienen que el «no honrar un certificado de depósito de un cliente puede ser devastador para la confianza que otros clientes que son depositantes del Banco Promerica puedan tener en sus depósitos en dicho banco”, por lo que además se enfrenta un riesgo reputacional.
Los efectos negativos que tendría el embargo fueron expuestos por los abogados del banco durante el proceso legal a través de un documento enviado al juez de la causa. Fuentes ligadas al proceso que prefirieron el anonimato, manifiestan que Promerica no quiere que la situación sea del conocimiento de las autoridades ni de sus clientes.
“Me parece una falta a la confianza de todos los depositantes por parte del banco, ya que no es posible y como se les ocurre desconocer un depósito a plazo de un depositante por mas grande que sea o más tiempo que lleve abierto”, dijo la fuente.
Además explicó que luego de que el banco dejara crecer la deuda con sus intereses, e incluso se rehusara a pagarla con la presentación del certificado original, la persona afectada acudió a la Superintendencia del Sistema Financiero, la cual le sugirió la ejecución del embargo.
Diario 1 intentó contactar a autoridades del Banco Promerica para que brindaran sus impresiones del caso, pero las solicitudes de entrevista no han sido contestadas por el equipo de relaciones públicas.
Dado que la sentencia ha sido emitida por un juez de lo civil, cabe la posibilidad que la misma sea apelada ante una Cámara o incluso llegar ante la Sala de lo Civil. No obstante, la negativa del banco a pronunciarse sobre el tema impide conocer los pasos legales que seguirán.
También se solicitó conocer la posición de la Superintendencia del Sistema Financiero sobre el caso y la instancia confirmó que desconoce la situación, debido a que el banco no lo ha informado.
«El Banco en mención no ha informado sobre tal caso a esta SSF. Se harán las averiguaciones correspondiente del por qué no se ha reportado a esta institución”, menciona un pronunciamiento de la Superintendencia enviado a Diario 1.
Anteriores Señalamientos contra Banco Promerica
Fuentes relacionadas con este proceso legal sostienen que en el pasado, Banco Promerica fue señalado y amonestado por la Superintendencia del Sistema Financiero, por reusarse a clausurar una serie de cuentas y relaciones bancarias con las empresas y personas naturales vinculadas con el Cartel de Texis y su líder José Adán Salazar –Chepe Diablo-.
Chepe Diablo actualmente enfrenta un proceso por lavado de dinero. El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador tiene en sus archivos un expediente que constata como él lavó $215 millones en 38 empresas, entre ellas algunas del exalcalde de Metapán, Juan Samayoa, y su hijo Wilfredo Guerra.
Salazar Umaña fue capturado el martes 4 de abril, junto a su exesposa Sara Paz Martínez Bojórquez y su hija Susana Noemy Salazar de Cruz, por los delitos de lavado de dinero.
Ese mismo día, la Fiscalía ordenó el allanamiento de 70 residencias y locales comerciales vinculados a Chepe Diablo, acusado de ser el cabecilla de una estructura de lavado de dinero.
El requerimiento fiscal presentado ante el juez de Paz que llevó el caso de Chepe Diablo y su Familia, sostiene que a raíz de una serie de anomalías en las declaraciones de ingresos de las empresas del metapaneco, la Fiscalía solicitó a todos los bancos del sistema financiero si tenían negocios con Salazar.
Lo que el Ministerio Público descubrió fue que de 2003 a 2015, Salazar Umaña introdujo más de $84 millones en distintas entidades bancarias, abriendo 71 cuentas para dicho objetivo. Todas estas cuentas, según determinó la Fiscalía, fueron vaciadas al poco tiempo de ser abiertas.
Entre esos bancos figura el Banco Promerica, dentro del esquema que la Fiscalía calificó como una forma de introducir dinero de dudosa procedencia y blanquearlo por medio del sistema financiero. Ese era uno de los métodos que llevan al Ministerio Público a afirmar que la estructura encabezada por Salazar incurría en lavado de dinero. En el mismo período en que las cuentas de Chepe Diablo estuvieron abiertas, las empresas de su grupo familiar habrían lavado cerca de $215 millones.
Este no es el único caso en el que Banco Promerica aparece señalado en presunto lavado, ya que la institución bancaria habría ayudado al exfiscal general Luis Martínez a aceptar fuertes depósitos sin indagar la procedencia de los mismos.
Exfiscal Luis Martínez. Foto D1, archivo.
Martínez, quien está en prisión a la espera de enfrentar la justicia por diversos delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito, habría depositado en Banco Promerica de El Salvador, a través de testaferros, los dineros provenientes de los sobornos pagados por el prófugo de la justicia Enrique Rais, aparentemente con la ayuda de directivos del banco y así evadir los controles establecidos en la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.
El 22 de agosto de 2016 la Policía Nacional Civil arrestó a Martínez, acusado de favorecer al prófugo Enrique Rais en procesos judiciales, a cambio de favores personales, entre los que destacan una larga lista viajes en jets privados a varios países.
Previo a su arresto, el 14 de julio de 2016, el entonces presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Marcel Orestes Posada, confirmó que Martínez, valiéndose de su cargo, “vendió justicia” a José Aquiles Enrique Rais.
Esto consistía en que desde la Fiscalía no lo procesaba legalmente e incluso se coordinaba con jueces para desestimar causas en su contra, persiguiendo en cambio a sus enemigos empresariales.
Asimismo y de acuerdo con indagaciones de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis Martínez no pudo justificar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el origen de $486,213.80 de su patrimonio. Entre las irregularidades que la Sección de Probidad le encontró a Martínez fueron pagos de tarjetas de créditos que el exfuncionario presuntamente realizó con dinero de la Fiscalía.
La Fiscalía sospecha que parte de ese dinero fue a parar a cuentas en el Banco Promerica, el cual habría incurrido en posibles violaciones a la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos.