El juez Octavo de Instrucción, Osmin Mira, ratificó este martes la orden de captura internacional contra el empresario Enrique Rais, la cual giró el 23 de enero de 2017.
La decisión emanó de una audiencia especial de revisión de medidas solicitada por los abogados de Rais, quienes pretendían desvirtuar la orden de captura contra su cliente por los delitos de cohecho activo, falsedad ideológica y fraude procesal en perjuicio de Claudia Herrera.
A juicio de los abogados, los elementos que motivaron la detención provisional en torno al caso “han variado” y el principal sustento del caso, una serie de escuchas telefónicas, demostraron que “nunca estuvo intervenido ningún teléfono” de Rais.
Debido a que Rais no compareció a la audiencia y en general no someterse al proceso judicial, el juez ratificó la captura en su contra. Los abogados del empresario arguyeron que su cliente desea someterse al proceso, pero debido a que se encuentra en un lugar «sin tratado de extradición», se expone a que sea arrestado al momento de pisar un aeropuerto.
La fiscalía acusa al Rais de integrar una red de corrupción para fabricar pruebas falsas contra la víctima Claudia María Herrera. El pasado 26 de febrero, Interpol publicó la difusión roja en su contra, en su sitio web oficial.
Rais, además de ser buscado en 192 países gracias a la difusión roja de Interpol, es uno de los 100 criminales más buscados por la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador.
Los detalles de la acusación contra Rais.
Según la fiscalía en una de las escuchas identificaron supuestamente a Enrique Rais y otro abogado hablando sobre 5 mil dólares que le habían pagado al psicólogo prófugo Néstor Recinos, para que hiciera constar que él y su sobrino tenían un daño psicológico por las amenazas que les hizo Claudia Herrera.
Los acusados en este proceso son el ex juez Romeo Aurora Giammattei, Mauricio Álvarez Gálvez, Wilfredo Ernesto Gutiérrez, José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Héctor Francisco Grimaldi, Luis Ernesto Peña Ortiz, Hilda Guadalupe Trigueros, Julio Adalberto Arriaza González y Néstor Francisco Recinos, procesados falsedad ideológica, fraude procesal , cohecho activo prevaricato y otros, en perjuicio de la administración de justicia y Claudia María Herrera.
En este caso también está implicado el exfiscal Luis Martínez, como parte de una red de manipulación judicial, por el cual Rais obtenía resoluciones beneficiosas, y el ex titular del Ministerio Público y otros abogados recibían dádivas de diversos tipos.
Por este caso, todos los implicados fueron detenidos el 22 de agosto de 2016 y siete días más tarde, la jueza Séptimo de Paz les concedió medidas sustitutivas al arresto, al considerar que ninguno de los implicados representaba un peligro de fuga.
No obstante, la Cámara Primera de lo Penal anunció el 12 de enero que revocaba las medidas dictadas por el juzgado de Paz y ordenó la recaptura de los implicados en el caso. De ellos, solo el exfiscal general Luis Martínez fue recapturado y actualmente guarda prisión en el penal La Esperanza, conocido como Mariona.
La influencia que Rais alcanzó a tener sobre importantes funcionarios de diversos órganos del Estado, así como políticos poderosos, se ve reflejado en los registros de viaje publicados por medios de prensa.
De acuerdo a una publicación de la Revista Factum de noviembre de 2014, desde febrero del 2013, a pocos meses de haber tomado posesión como fiscal, hasta agosto del 2014, Martínez realizó 66 vuelos, de los cuales 40 fueron en aeronaves privadas. La oficial de información de la Fiscalía, Deisi Marina Posada, confirmó 11 viajes realizados en 2013 y 12 en 2014 por medio de una respuesta a una solicitud hecha por el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de FUNDE.
El exfiscal fue duramente cuestionado por esos viajes, al mismo tiempo que en la Fiscalía se fueron desvaneciendo los casos que acusaban al empresario de haber desviado $240 mil de la sociedad mixta MIDES a cuentas personales en Cuba y Estados Unidos para pagar cuentas personales.
El 14 de julio pasado, el entonces presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Marcel Orestes Posada, informó que Martínez, valiéndose de su cargo, “vendió justicia” a Enrique Rais a cambio de favores personales, entre los que destacan una larga lista viajes en jets privados a varios países.
En diciembre pasado, Posada confirmó a Diario1 que Luis Martínez aun no había pagado la multa impuesta, la cual es de $8,954, equivalente a 40 salarios mínimos urbanos del sector comercio, la máxima sanción que dicha institución puede otorgar a un funcionario que sea evidenciado.
Por otra parte, el 26 de abril de 2016, Diario1 publicó una investigación de la Revista Factum en la cual se reveló que la Administración para el Control de Droga en los Estados Unidos (DEA) ordenó incautar dos aviones del empresario salvadoreño Enrique Rais luego de detectar restos de narcóticos en los aviones supuestamente modificados.
La intervención en los aviones, estacionados en un pequeño aeropuerto al norte de Miami, se dio tras una investigación conjunta de la oficina del alguacil del condado Martin en Florida, la DEA y el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, que asegura que Rais creó “compañías fachada” en Estados Unidos, a través de testaferros, para ocultar que él es el propietario de los aviones. La solicitud de incautación de los aviones, firmada por el alguacil del condado de Martin, William D. Snyder, e introducida en una corte local el jueves 21 de abril, va sustentada en que Rais es objetivo prioritario de la DEA, dijo Factum.
Según la publicación periodística, todo comenzó cuando las autoridades de Florida detectaron actividades sospechosas en el plan de vuelo de cuatro aeronaves de Rais que viajaban desde Centroamérica hacia los Estados Unidos.
De acuerdo con el expediente citado por Factum, un perro de antinarcóticos llamado Óscar, de la oficina del alguacil del condado Martin, detectó rastros de droga al interior del avión One Lear Jet, de matrícula N54HT, estacionado en el hangar número 7 del aeródromo Witham Field, en el centro de Florida.
Este hecho, según la investigación periodística, habría ocurrido el pasado 10 de marzo, casi un mes después de que la aeronave realizó su último vuelo partiendo del aeropuerto de Ilopango, en El Salvador.
A partir de este hallazgo, las autoridades de Martin, apoyados por el FBI y la DEA, presentaron un escrito ante la jueza Bárbara W. Bronis para que los aviones retenidos fueran incautados formalmente para realizar un análisis más exhaustivo de las aeronaves.
Pero eso no es todo. En abril pasado, Rais dijo que no solo el exfiscal general de la República, Luis Martínez, ha viajado en sus aviones privados, sino que también varios funcionarios públicos, expresidentes e incluso el actual presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, así como el dirigente del partido en gobierno, FMLN, José Luis Merino.