Una joven de 20 años revisó la sección de clasificados de un periódico para buscar empleo y encontró un anuncio que le pareció interesante. La pequeña publicación decía: «se busca muchachas para oficios domésticos» y agregaba un teléfono celular al que las interesadas debían llamar para programar un cita.
Carolina, nombre ficticio, llamó al contacto establecido en el clasificado y le contestó una mujer que le indicó que sus oficinas estaban ubicadas en las cercanías de la plaza Salvador del Mundo en el corazón de San Salvador.
La mañana del 12 de octubre de 2017, la interesada se levantó esperanzada ante la posibilidad de una oportunidad laboral, se vistió para lucir presentable, llegó al lugar indicado y dijo que sus intenciones eran trabajar en oficios domésticos.
Las personas encargadas de la oficina le solicitaron quedarse trabajando desde ese mismo día y aceptó. La joven cumplió con la jornada laboral, pero cuando quiso retirarse hacia su casa fue privada de libertad y no la dejaron salir de la oficina.
Los sujetos amenazaron a la joven, le quitaron el teléfono celular y posteriormente la trasladaron hacia otra residencia en San Salvador, donde también realizó oficios domésticos. Ahí pasó la noche.
Al amanecer, la víctima fue obligada a sostener relaciones sexuales con hombres que pagaban por intimar con ella. El dinero que entregan los clientes quedaba en poder de los sujetos que la mantenían privada de libertad.
Sin embargo, la joven aprovechó un descuido de sus captores y logró huir, pudo comunicarse con sus familiares, alertó a la Policía y a la Fiscalía de lo sucedido.
Las autoridades montaron un operativo, capturaron a los señalados y allanaron las viviendas en que la joven fue retenida ilegalmente. La Policía aprehendió a Yery Magalí Ávalos Contreras, Yury Elizabeth Lanvaderde Gómez, Nelson Jonathan Pérez Moreira y Gladis Elizabeth Hernández Cornejo
Los sujetos fueron procesados penalmente por los delitos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual y trabajo forzado, los cuales enfrentaron el juicio en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, según informó la Fiscalía.
El juez respectivo valoró el testimonio de Carolina, la publicación del anuncio clasificado, la relación de los hechos y dictó un fallo condenatorio de 10 años de cárcel contra los imputados.