El abogado Ricardo Núñez presentó este jueves una nueva demanda contra el candidato presidencial de GANA, Nayib Bukele, por los delitos de evasión fiscal, lavado dinero y fraude de ley, en relación con el dinero que recibió de la agencia publicitaria Obermet, una empresa familiar dirigida por su hermano Karim.
Núñez sostiene que Bukele renunció a su participación en Obermet para recibir las utilidades que generaba la agencia, mientras ejerció como alcalde de Nuevo Cuscatlán. Asegura además que entre 2012 y 2017, dicha agencia ganó contratos por $34 millones, con diferentes agencias públicas como la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR), Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Ministerio de Educación, entre otros.
Pero el hecho que Bukele siguiera recibiendo dinero de Obermet, siendo todavía funcionario público y siendo dicha empresa contratista del Estado, da pie a la investigación de los delitos y a la contravención, entre otras normativas, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), añade Núñez.
Por otra parte reiteró que la Fiscalía tiene en sus manos un recomendable por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que investigue una posible evasión fiscal de Bukele, por los donativos recibidos por parte de Obermet.
En abril pasado, la Revista Factum reveló que la CSJ valoraba un juicio civil contra Bukele por un informe generado por la Sección de Probidad, en el que se señalaba que el exalcalde de Nuevo Cuscatlán y San Salvador no pagó impuestos en el ministerio de Hacienda por más de un millón de dólares que recibió de uno de sus hermanos.
Bukele no declaró a Hacienda cerca de $850 mil en ingresos otorgados por la agencia de publicidad Obermet, cuyo representante legal es su hermano Karim.
En su respuesta a Probidad a la investigación, el alcalde y aspirante presidencial por el movimiento Nuevas Ideas explicó que el dinero que le otorgó Obermet era cobrado por terceras personas, que primero cambiaban los cheques en los bancos y luego se lo entregaban en efectivo.
En su resolución, Probidad sostiene que esta explicación no es suficiente para esclarecer los incrementos patrimoniales no justificados, si estos antes no fueron declarados bajo la legislación tributaria vigente.
La otra irregularidad encontrada por Probidad fue la adquisición en 2013 de un apartamento en la exclusiva comunidad Quintas de Santa Elena por un valor cercano a los $300 mil, con dinero de los cheques de Obermet. Probidad cuestiona que Bukele no notificó la adquisición de la propiedad en la declaración de renta correspondiente al respectivo ejercicio fiscal, de acuerdo con la publicación de Factum.
Al menos $330 mil dólares no habrían sido cancelados por Bukele en concepto de impuesto sobre la renta en la adquisición del apartamento y las regalías de Obermet, según estima la Sección de Probidad.
El alcalde Bukele respondió a Probidad que no ve problema con las irregularidades señaladas, ya que se trata de donaciones de una empresa familiar y que el responsable de determinar si existió una evasión fiscal es el Ministerio de Hacienda.
En declaraciones a Factum, Karim Bukele, el hermano de Nayib, agregó que el apartamento en Quintas de Santa Elena fue un regalo de su padre Armando, por lo que dicho inmueble, junto con las donaciones de Obermet, ya habían pagado impuesto previo a llegar a manos del actual alcalde capitalino.
Fue el mismo Karim Bukele quien reconoció que las donaciones de Obermet ayudaron a financiar la campaña que su hermano realizó para ganar la alcaldía de San Salvador en 2015.
La empresa Obermet está siendo cuestionada por la Corte de Cuentas de la República, la cual investiga un contrato publicitario que ANDA le adjudicó en 2017, luego que un informe técnico de la autónoma no recomendara la contratación de dicha agencia.
Sin embargo, en la sesión de Corte Plena de inicios del mes de junio, nueve de los 15 magistrados decidieron que el caso no pasara a juicio civil.
Ricardo Núñez sostuvo que las pruebas con las que acusa a Bukele se encuentran en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR) y la Oficina de transparencia del Órgano Judicial.