El fiscal general Douglas Meléndez reveló este viernes que el expresidente Mauricio Funes, acusado por desviar $351 millones en transferencias presupuestarias del gobierno, aun recibe fondos públicos en su exilio en Nicaragua.
“Un mayor del Ejército le lleva dinero a Nicaragua, es lo que hemos podido saber”, dijo Meléndez durante su entrevista en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña. El titular del Ministerio Público no amplió más su revelación.
El fiscal no reveló el nombre del militar ni detalles sobre quién le envía el dinero a Funes, así como tampoco si iniciará un proceso penal contra los involucrados.
Funes lleva cerca de dos años en Nicaragua como asilado por el presidente Daniel Ortega, que lo considera como perseguido político. Desde entonces ha usado su cuenta de Twitter para despotricar contra los procesos legales en su contra por delitos de corrupción.
El primer presidente que llegó al poder bajo la bandera del FMLN figura como principal imputado en un caso en el que figuran otras 30 personas por delitos como lavado de dinero y peculado. De todos los acusados, 17 aun no han sido llevados a los tribunales salvadoreños.
A finales de julio, el fiscal Meléndez dijo que Interpol retrasaba la publicación de una difusión roja contra Funes y otros acusados, debido a que la entidad con sede en Lyon, Francia, verifica si la causa penal es legítima o está motivada por afanes de persecución política.
Meléndez aprovechó las cámaras para cuestionar el por qué Funes no ha enfrentado la justicia, tal y como ahora lo hace su antecesor Elías Antonio Saca, quien reconoció su participación en el desvío de $301 millones del erario público durante su mandato (2004-2009).
“Funes es tan cínico que nos está cuestionando. ¿Por qué no viene a El Salvador y se somete a la justicia? (…). Es un cobarde. Él está dejando que sus mujeres respondan por él”, manifestó el fiscal general.
Además indicó que existe un vaso vinculante entre Saca y Funes, ya que durante su mandato, este último habría dado $6 millones para la conformación del Movimiento Unidad, una coalición que respaldó la candidatura de Saca en las elecciones de 2014. Dicha candidatura fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, debido a que el exmandatario era concesionario de bienes del Estado (espectro radioeléctrico) en aquel tiempo.
El fiscal dijo además que aun no decide si busca su reelección y que ha solicitado medidas de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para él y miembros de su familia, de quienes dijo que son sujetos a constantes seguimientos.