Como parte de sus confesiones brindadas este jueves sobre su participación y aprovechamiento de un esquema de desvío de fondos públicos, el expresidente Elías Antonio Saca reveló que el expresidente de la Comisión Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL), Irving Tóchez y el exentrevistador Jorge Hernández lo asesoraron y se beneficiaron de dicho entramado de corrupción.
Mediante su declaración pública, Saca confirmó lo que manejó la Fiscalía General desde noviembre pasado, cuando se apuntó a Irving Pavel Tóchez Maravilla como el cerebro detrás de las operaciones de lavado ejecutados por el expresidente y el entonces conductor estrella de entrevistas de Telecorporación Salvadoreña.
Tóchez, sobrino del expresidente de la Corte de Cuentas Rosalío Tóchez, era durante la administración Saca el presidente de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), además que era contador externo de la cadena radial propiedad de la familia Saca.
Según su confesión, Saca recibió la asesoría de Tóchez en el desvío de fondos públicos a través de la adquisición de terrenos y la apertura de cuentas. El exgobernante detalló que en 2006 le ordenó a Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de la Presidencia y a Pablo Gómez, técnico de dicha instancia, abrir 14 cuentas para el desvío de los fondos.
Saca también se habría valido de Laabín Tóchez, hermano de Irving, para conseguir el terreno y escriturar la famosa mansión en el cantón El Carmen, en las faldas del volcán de San Salvador. Tanto Laabín Tóchez y Carlos Gamero Quintana, fueron designados como “prestranombres” por Saca durante su confesión.
Laabín Tóchez actualmente es prófugo de la justicia. Su tío, Rosalío, ha sido cuestionado por brindar finiquitos “express” a Saca y a Mauricio Funes, cuando fue presidente de la Corte de Cuentas.
Respecto al papel que el ente contralor hacía sobre las finanzas de Casa Presidencial y el mecanismo de utilización de la partida de gastos reservados, Saca admitió que esta contraloría se desarrollaba de forma superficial.
El hermano de Irving Tóchez, además, es acusado de ayudar a Jorge Hernández a lavar $2.7 millones a través de la sociedad R y M. Hernández está implicado en un proceso separado por lavado de dinero y activos, pero actualmente se encuentra bajo arresto domiciliar.
En su momento, la Fiscalía argumentó que que Saca extrajo dinero de los fondos reservados de la Presidencia de la República durante su mandato para dárselo a dos empresas de Hernández. Marketing Services recibió $5.2 millones y R y M, $2.7 millones.
Marketing Services repartió los fondos a siete sociedades creadas para lavar dinero. El objetivo final del dinero eran las cuentas de Grupo Samix y Promotoras de Comunicaciones, empresas que pertenecen a la familia Saca.
Una publicación de La Prensa Gráfica de noviembre pasado, consigna que un testigo criteriado con nombre clave “Olimpo”, manifestó a la Fiscalía que Irving Tóchez asesoró a Jorge Hernández para lavar el dinero que provenía de una cuenta del Estado. La estrategia era justificar el dinero como cobros de deudas en el extranjero. De esa manera ocultaban la procedencia y evitaban el pago de impuestos.
Hernández recibió además otra serie de beneficios como viajes pagados con fondos públicos a visitas oficiales del expresidente Saca, a las que acudía como enviado especial por parte de Telecorporación Salvadoreña. Algunos de los destinos a los que viajó Hernández son Nueva York y El Cairo, capital de Egipto.
Irving Tóchez asumió la presidencia de CEL durante una pequeña parte de la gestión de Mauricio Funes (2009-2014). Tras su salida, se dio la llegada de Leopoldo Samour.
Las declaraciones de Saca se dieron como parte del trato alcanzado por la Fiscalía, en la que tanto él como tres de sus colaboradores cercanos y dos exempleados de Casa Presidencial accedieron someterse a un proceso abreviado en los que confesaban sus crímenes, a cambio de una pena carcelaria reducida.
A raíz del acuerdo, Saca pasará de enfrentar 30 años de cárcel a solamente 10, al igual que su exsecretario Privado Elmer Charlaix, mientras que el expresidente de ANDA, César Funes, y el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank, solo enfrentarían hasta cinco años de cárcel.