La Fiscalía General de la República (FGR) pidió este martes al tribunal que lleva el juicio contra el expresidente Elías Antonio Saca que varios inmuebles y seis sociedades, que agrupan 86 radios, pasen al Estado como responsabilidad civil por la malversación de más de 300 millones de dólares.
El fiscal Héctor Martínez pidió a los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador la «pérdida en favor del Estado» de los bienes, cuentas bancarias y las 6 sociedades, dado que estas fueron un «instrumentos del delito».
Martínez recordó que Saca utilizó en el esquema de lavado de dinero a varias agencias de publicidad para mover más de 23 millones de dólares, de los que 15,5 millones fueron a parar a sus empresas.
Las empresas que pasarían a poder del Estado son el Grupo Samix, Radiodifusión de El Salvador, Radiodifusión Usuluteca, Promotora de Comunicaciones y las radios 94,1 FM y ABC FM.
Por otra parte, la Fiscalía pidió al tribunal decretar la responsabilidad civil solidaria» para que Saca y 4 de sus excolaboradores aporten sus bienes para devolver al Estado la suma malversada.
Por otra parte, los representantes del Ministerio Público pidieron que los exsecretarios de Comunicaciones y Juventud, Julio Rank y César Funes, respondan por 8,3 millones de dólares y más de 886.000 dólares, respectivamente.
La Fiscalía concluyó cerca de las 13.00 hora local (19.00 GMT) sus alegatos finales y pidió 10 años de prisión para Saca, con lo que ratificó un trato de solicitar una pena leve a cambio de su confesión en un «juicio abreviado».
Los representantes del Ministerio Público también mantuvieron el acuerdo con el exsecretario privado Elmer Charlaix y el ex gerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga al solicitar condenas de 10 y 6 años de cárcel, respectivamente.
La Fiscalía también pidió penas de 5 años contra los exsecretarios de Comunicaciones y Juventud, Julio Rank y César Funes, respectivamente, mientras que para el exjefe de la Tesorería del Gobierno Jorge Alberto Herrera solicitó 3 años.
La pena más alta solicitada por los fiscales fue contra Pablo Gómez, a quien pidieron condenar a 16 años de cárcel por peculado y lavado de dinero por no aceptar ser procesado en un «juicio abreviado».
Gómez rindió una «declaración indagatoria» este lunes en la que dijo ser inocente de los delitos y aseguró que el dinero que sacaba de varias cuentas bancarias, que según la Fiscalía eran ilegales, lo entregó a Rodríguez Arteaga.
«Era el último empleado en la escala (de la Presidencia), sin poder de decisión» y «no podía supervisar a las autoridades en el uso de los fondos», apuntó el imputado.
Aseguró que no se quedaba «ni una hora» con el efectivo antes de entregarlo a su jefe y que «jamás» pensó que era parte de un «plan criminal».
Saca es el primer expresidente de la democracia salvadoreña en afrontar un juicio y confesar delitos de corrupción, dado que su predecesor en el Ejecutivo, Francisco Flores (1999-2004), falleció antes de que se instalara un proceso en su contra.