En el año 2013, cuando la existencia del Cártel de Texis ya no era un secreto, José Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo, y sus hombres de confianza planificaron nuevos métodos para ocultar los millones de dólares que obtenían de innumerables actividades ilícitas. Para ello crearon una fundación y cinco empresas offshore en Panamá. Así lo constata una nota de La Prensa Gráfica publicada este martes.
Los principales cómplices de Chepe Diablo, para ocultar el dinero, eran el entonces alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, y su hijo Wilfredo Guerra, quien hasta abril del año pasado aún se desempeñaba como presidente de Agroindustrias Gumarsal. Los tres están siendo procesados por el delito de lavado de dinero. Pero los últimos dos se encuentran prófugos de la justicia desde hace más de un año.
De acuerdo con La Prensa Gráfica, la Fiscalía General de la República (FGR) ha documentado que varios de los millones de dólares que los Salazar-Umaña lavaron fueron a parar a la Fundación Cultivando el Progreso, creada el 19 de noviembre de 2013 en Panamá.
Esa fundación está vinculada a cinco sociedades offshore que también se crearon en Panamá para ocultar dinero de las 38 empresas que pertenecen a Chepe Diablo y a la familia de Juan Samayoa.
La Fundación Cultivando Progreso, creada por la firma Anzola y Robles y Management Corp, fue constituida por Carlos Alberto Mejía Serrano, Mauricio Zepeda Merino y Karen Patricia Umaña de Ventura. Los dos primeros son empleados de Gumarsal y la última es hija del exalcalde de Metapán.
Sin embargos, los beneficiarios son Wilfredo Guerra Umaña, con un 50 %; Juan Umaña Samayoa, con un 41.9 %; Romelia Guerra (madre de Wilfredo Guerra), con un 3.7 %; Tránsito Ruth Mira de Guerra (esposa de Wilfredo Guerra), con 2 %; y la esposa del exalcalde de Metapán, Miriam Haydee Salazar de Umaña, con el 2 %.
Entre las sociedades que crearon en Panamá están Latin Grain Service Group, Agro Pacific Comercial y Global Grain Holding. La primera, según la Fiscalía, sirvió para recibir las acciones de cinco empresas fachada como las del Grupo Gumarsal: Molinos San Juan, Transportes Dany, Graneles de Centroamérica, Arrocera San Pablo e Industrias de Maíz. Estas acciones fueron luego llevadas a Global Grain Holding, sociedad vinculada a la fundación.
“En cuanto a la empresa Agro Pacific Comercial, esta recibió el 99.99 % de las acciones de la empresa Agroindustrias Gumarsal, empresa relacionada en el caso con el lavado de $170.9 millones. Esta offshore también es propietaria del 66 % de las acciones de la empresa Industrias de Maíz, conocida como INDUMASA, mientras que el otro 34 % es propiedad de Gumarsal. Todas estas acciones fueron luego trasladadas a la Fundación Cultivando el Progreso”, dice el texto de La Prensa Gráfica.
El mismo periódico informó el pasado lunes que Chepe Diablo está siendo investigado por los delitos de narcotráfico por la Fiscalía General de la República (FGR).
Chepe Diablo es originario de Metapán, Santa Ana. Tiene 69 años de edad. Su historia empresarial está plagada de dudas: empezó como cambista de quetzales a colones en la frontera de El Salvador y Guatemala; y, en pocos años, se convirtió en un millonario dueño de gasolineras, hoteles y otros negocios.
A mediados de los años noventa era un próspero empresario. Pero las dudas en torno a su fortuna crecían. En 1997, por ejemplo, fundó junto con Juan Umaña Samayoa una empresa de granos llamada Gumarsal. Este último se convirtió años después en alcalde de Metapán. Actualmente es prófugo de la justicia. Los fiscales lo acusan de pertenecer a la red de lavadores encabezada por Chepe Diablo.
Chepe Diablo era dueño de gasolinera, hoteles y otras empresas. En 2014 fue designado por los Estados Unidos capo internacional de la droga. Ese mismo año fue procesado por el delito de evasión de impuestos.
Fue capturado por el delito de lavado de dinero el martes 4 de abril, junto a su exesposa Sara Paz Martínez Bojórquez y su hija Susana Noemy Salazar de Cruz, por los delitos de lavado de dinero.
Ese mismo día, la Fiscalía ordenó el allanamiento de 70 residencias y locales comerciales vinculados a Chepe Diablo, acusado de ser el cabecilla de una estructura de lavado de dinero.
Chepe Diablo quedó en libertad luego que la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador revirtiera la detención provisional ordenada por el juez Cuarto de Instrucción. Adán Salazar pagó una fianza de 200 mil dólares.
Un día después, la Fiscalía General de la República (FGR) cuestionó la resolución de los magistrados Guillermo Arévalo Domínguez y Disraely Omar Pastor.
El pasado 11 de enero, la Fiscalía inició el proceso de extinción de dominio contra Chepe Diablo para incautarle 81 inmuebles y 16 sociedades con sus respectivas empresas.
Los prófugos
Juan Samayoa tiene un largo historial delictivo. Informes de inteligencia policial indican que en los años ochenta estuvo involucrado en el contrabando de mercadería.
A mediados de los años noventa comenzó a comercializar granos básicos. Fundó, junto con José Adán Salazar, alias Chepe Diablo, la empresa Agroindustrial Gumarsal. Su patrimonio había crecido aceleradamente. Eso levantó sospechas. Las autoridades policiales comenzaron a darle seguimiento a sus negocios.
A finales de los años noventa se metió a la política. Primero fue concejal de la alcaldía de Metapán por ARENA, pero luego abandonó ese partido. Para las elecciones municipales del 2006, Samayoa disputó la alcaldía cobijado por la bandera del PCN.
En 2011, el periódico digital El Faro reveló que Juan Samayoa era uno de los cabecillas del Cártel de Texis, una organización de crimen organizado que opera en el occidente del país. Pese a esa publicación y a los tres informes policiales existentes, las autoridades no hicieron nada por judicializar el caso.
Un año antes, Samayoa había ganado por segunda vez consecutiva las elecciones municipales en Metapán. Se jactaba de no haber hecho campaña política para el segundo período: decía que su primera gestión hablaba por sí sola.
En el año 2014, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó por el delito de evasión de impuestos. Al final, Samayoa decidió pagar $1 millón para saldar cuentas y quedó libre de cargos.
En abril del año pasado, la Fiscalía ordenó su captura por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, cuando los policías montaron el operativo para capturar a Samayoa, este ya se había escapado. Actualmente sigue prófugo de la justicia. Al igual que su hijo Wilfredo Guerra.