Los abogados defensores del expresidente Elías Antonio Saca y del exsecretario Privado, Élmer Charlaix, pidieron al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador admitir una prueba. Se trata de la declaración de 28 testigos que fueron rechazados por el juez de instrucción y que ahora los defensores quieren que esa prueba sea admitida.
Entre esos testigos, según un boletín de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, se encuentra el expresidente Alfredo Cristiani, primer mandatario por el partido ARENA, de 1989 a 1994.
Además del expresidente Alfredo Cristiani, los defensores quieren contar con la declaración de algunos miembros del gabinete que Saca tuvo a su cargo. Asimismo piden la declaración de exempleados de casa presidencial, exempleados del Banco Cuscatlán y el testimonio de empleados de la Corte de Cuentas.
La Fiscalía General de la República (FGR), por su parte, ha solicitado al Tribunal Segundo de Sentencia que se le admita un testigo con criterio de oportunidad, beneficio que se le brindó posterior a la audiencia preliminar.
“Debido a que el testigo no se le ha brindado clave y que tiene un proceso pendiente un juzgado de instrucción, la FGR solicitó al Tribunal se le decrete la reserva parcial al caso para salvaguardar la identidad del mismo”, dice el boletín de prensa.
Finalmente, el Tribunal Segundo de Sentencia rechazó a defensores de Antonio Saca y de Élmer Charlaix la prueba de 28 testigos, entre ellos el expresidente Alfredo Cristiani.
El pasado 16 de mayo, el juez Cuarto de Instrucción de San Salvador envió a juicio al expresidente Elías Antonio Saca y a sus exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, a los que se suman Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, quienes, según la Fiscalía ayudaron al exmandatario con la millonaria malversación.
La Fiscalía sostiene que Saca y los demás implicados operaban una estructura en el interior de la Presidencia que movió los más de 300 millones de dólares provenientes de cuentas corrientes institucionales del Tesoro Público de la Casa Presidencial y los trasladó a 14 cuentas personales de los funcionarios Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron al 191 millones de dólares “en efectivo”, como mecanismo utilizado para no dejar pistas.
Durante la audiencia judicial se pudo conocer testimonios que apuntaban a que varios funcionarios de la administración de Saca recibieron sobresueldos. Los siete procesados seguirán guardando prisión en un sector especial del penal La Esperanza (Mariona) y también continuarán las medidas cautelares contra sus patrimonios: embargos sobre los bienes e inmovilizaciones de cuentas.
Las investigaciones preliminares de la Fiscalía apuntaban a que el desfalco provocado por Saca y sus colaboradores ascendía a $240 millones, pero al avanzar el proceso se descubrió que el monto de lo defraudado sobrepasaba los $300 millones.
Previo que se abriera el proceso penal en su contra, Saca enfrentaba una causa civil por enriquecimiento ilícito, ya que el examen a su declaración de probidad arrojó un excedente injustificado de cerca de $8 millones, tanto de él como de su esposa Ana Ligia Mixco Sol De Saca, quien también enfrenta un proceso penal por delitos de corrupción, pero que goza de medidas sustitutivas al arresto.
Como parte del proceso penal, la Fiscalía ordenó congelar un importante número de cuentas bancarias, ligadas al matrimonio Saca Mixco. Dado que su período para ser procesado por enriquecimiento ilícito no vence sino hasta 2019, todavía puede ser condenado a devolver al Estado la cantidad que se determine que pudo haber adquirido ilícitamente.