A siete días que finalice el periodo de nueve años para el que fueron electos cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, Belarmino Jaime y Rodolfo González aseguraron que durante dicho periodo contribuyeron favorablemente a la lucha contra la corrupción en El Salvador.
Los tres miembros de la Sala de lo Constitucional coincidieron en que las sentencias emitidas han obstaculizado que funcionarios saqueen el erario público y ha ayudado a que exista un mayor control constitucional sobre el uso de los fondos de los salvadoreños.
«Hemos dado un aporte, no hemos sido los únicos que hemos contribuido a ese fenómeno, pero sí han habido muchas sentencias que contribuyen al combate a la corrupción, pero creo que también hay una serie de situaciones que han influido también. Por ejemplo: una Ley de Acceso a la Información Pública con sus respectivo Instituto de Información Pública; además, la Ley de Ética Gubernamental con su respectivo Tribunal de Ética Gubernamental, el haber revido las atribuciones de la sección de probidad y todos estos son factores que han contribuido al combate de la corrupción», dijo el magistrado Blanco en la entrevista de Noticiero Hechos de canal 12.
Asimismo, el funcionario judicial aseguró que durante los nueve años frente a la máxima entidad constitucional del país, se han apegado a la misma y las sentencias emitidas han buscado el fiel respeto a las disposiciones constitucionales establecidas por los legisladores en 1983.
«Nosotros lo que hemos hecho, de verdad, es entender las competencias y las atribuciones de las potestades que tiene la Sala de lo Constitucional para asumir la responsabilidad de ser verdaderos defensores de la Constitución y darle a las disposiciones constitucionales una interpretación progresista, actualizada y una interpretación conforme a los estándares internacionales», reafirmó Blanco.
Belarmo Jaime, en el mismo espacio informativo, afirmó que las decisiones de la Sala de lo Constitucional se han enfocado en muchos aspectos importantes para el país. Temas fiscales, presupuestarios, ambientales, constitucionales y electores, son algunas de las temáticas abordadas.
«Hemos amparado gentes que han llegado a reclamar, por ejemplo: que en el Seguro Social no les han dado sus medicinas, en cuestiones ambientales también hemos pronunciado sentencias, todo en beneficio de la población y no en beneficio de partidos políticos», expresó el magistrado Jaime.
«Nosotros creemos que haber hecho lo correcto, es posible que hallamos cometido algún tipo de error porque no somos dioses para decir que no nos equivocamos, pero sí lo que le puedo afirmar que en todas las decisiones que hemos tomado han sido de buena fe, sobre todo en algunos casos, pensando en el país y no en partidos políticos. Ese tipo de influencia nosotros la hemos apartado y es probable que por eso no contamos con la simpatía de algunos grupos políticos», dijo Jaime sobre algunos ataques de políticos contra su trabajo judicial.
Las amenazas son otros de los afectos que los magistrados de la Sala de lo Constitucional han tenido que enfrentar en estos nueve años, según Rodolfo González. Amenazas que han sido encabezadas por el propio presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.
«Ha habido actuaciones verdaderamente irresponsables de altos cargos del Estado y voy a hablar del señor presidente de la República que en 2015, no recuerdo si en el acto del 1 de mayo, le dijo a sus bases que ellos habían combatido contra la dictadura militar en los años 70 y 80, y ahora en el país se había establecido una dictadura judicial. No estoy diciendo que él o la dirigencia de su partido iban a mandar a realizar un atentado contra nosotros, pero qué tal un fanático, que los hay, que podría entender esa declaración de un excomandante de la guerrilla que en su tiempo asesinó a funcionarios judiciales, incluido, un magistrado de la Sala de lo Constitucional», afirmó González en la entrevista de Noticiero Hechos.
Finalmente, los magistrados de la Sala de lo Constitucional, aseguraron que los nuevos magistrados que resulten electos en la Asamblea Legislativa, deberán continuar con el legado de defender la Constitución de la República y ponerla a disposición de los derechos de todos los sectores de la vida del país.