Luego de 46 días que la Fiscalía emitió orden de captura contra 31 acusados de participar en una trama de corrupción denominada “Operación Saqueo”, el sospechoso más importante del caso, el expresidente Mauricio Funes, aun no ha sido capturado.
La detención del exmandatario, quien se encuentra protegido junto a su familia por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, pasa por la publicación de una difusión roja por parte de Interpol, lo que facilitaría a las autoridades su captura. Pero Interpol aun no ha resuelto la petición de la difusión roja contra Funes y otros 14 acusados.
El director de la Policía Nacional civil (PNC), Howard Cotto, confirmó el martes que Interpol sigue estudiando las solicitudes, las cuales se entregaron en la sede oficial de la entidad en Lyon, Francia, a principios de julio.
El fiscal general Douglas Meléndez, reafirmó las aseveraciones de Cotto y añadió la razón por la que Interpol estaría retrasando el trámite: Interpol habría recibido información de que la investigación contra Funes y otros implicados sería una “persecución política”.
Meléndez, quien compareció el lunes en la Comisión de La Mujer de la Asamblea Legislativa, defendió que en la Operación Saqueo se persigue a acusados de desfalco al Estado y que la investigación no tiene a la base venganzas políticas, a la vez señaló que “algunos sectores” quieren que el caso se aprecie como una persecución política.
“Pareciera que alguien se ha encargado de decir que estas son persecuciones políticas y a raíz de esto están examinando esa situación. Ojalá no se vayan a calificar esas acciones legales de órdenes de detención como persecución política porque no tienen nada de política la persecución de los imputados que han cometido actos de corrupción”, sostuvo Meléndez.
El fiscal además expresó que se espera que el caso pase del Juzgado Quinto de Paz al Quinto de Instrucción, para así solicitar la extradición de los implicados en el caso, la mayoría de los cuales aún no ha sido capturado.
Persecución política fue la razón que Mauricio Funes alegó ante el gobierno de Nicaragua para obtener un asilo político, el cual le fue concedido oficialmente el 1 de septiembre de 2016. Desde ahí ha utilizado principalmente su cuenta de Twitter para desacreditar el proceso legal en su contra.
La Fiscalía acusa a Funes de dirigir una red para sustraer dinero de instituciones públicas y usarlo para beneficio de los miembros de la trama. Se acusa al expresidente de lavar $351 millones de dólares, por los que él y los demás implicados enfrentan cargos como peculado, lavado de dinero, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales del delito de encubrimiento.
La operación para localizar y aprehender a los acusados empezó el pasado 8 de junio, cuando fue capturado el empresario Miguel Menéndez Avelar, mejor conocido como Mecafé. El amigo cercano de Mauricio Funes cayó mientras se encontraba en un rancho de playa de su propiedad, ubicado en el departamento de La Paz.
Desde ese entonces se especuló acerca de los nombres que podrían ser los siguientes en la lista de capturas y que era un hecho la orden de aprehensión para Funes. Sin embargo, las autoridades solo contabilizaban seis capturas a fines de esa semana, por lo que el Ministerio Público decidió iniciar el proceso legal con la mayoría de los señalados como “reos ausentes”.
El pasado 11 de junio, el juzgado Quinto de Paz ordenó detención para 17 implicados y el 27 de junio decretó captura nacional e internacional contra el resto de acusados, entre ellos Funes y su compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán. De todos, al menos 15 de los acusados tendrían paradero desconocido.
Otros implicados como los mayores William Eduardo Guzmán Arbaiza y Luis Alfredo Maida Leiva, además de ser buscados por las autoridades por haber contribuido al retiro de efectivo de las cuentas creadas presuntamente por Francisco Arteaga, exgerente financiero de Casa Presidencial, a las cuales iba a parar el dinero que era redirigido por el Ministerio de Hacienda por medio de modificaciones presupuestarias; son procesados por deserción al Ejército, según dijo recientemente el ministro de la Defensa, David Munguía Payés.