El expresidente Mauricio Funes y su exesposa Vanda Pignato tendrían sendas cuentas en Estados Unidos y Brasil, cuyos balances totalizarían $1,226,489.91, según una denuncia interpuesta en días recientes ante la fiscalía General de la República.
El abogado Ricardo Núñez se presentó en sede fiscal para solicitar al Ministerio Público se investigue a Funes y la ex Primera Dama por la existencia de estas cuentas, según publicó El Diario de Hoy.
Funes enfrenta actualmente una causa penal por los delitos de peculado, lavado de dinero y casos especiales de lavado y encubrimiento; debido a su participación en una red de personas que sustrajeron de las arcas del Estado más de $351 millones , para redirigirlo a cuentas privadas.
Como evidencia, el abogado Núñez citó un enlace al portal “Stop Corruption Worldwide”, en las que estarían unas tablas que contienen los bancos y los balances de las cuentas a nombre de Funes Cartagena y Pignato.
De acuerdo con otra publicación, los bancos que Núñez señala en su denuncia serían el Citi y el Valley National Bank en los Estados Unidos, así como el HSBC y el Banco do Brasil en dicha nación sudamericana, donde Funes y Pignato tendrían diversos intereses.
Ricardo Nuñez fue la primera persona que denunció a Mauricio Funes ante la Fiscalía General de la República por supuestos delitos de corrupción. El 19 de julio de 2016 presentó la denuncia ante el Ministerio Público, y la denuncia de las cuentas bancarias en el extranjero es una ampliación de esa misma acusación.
El abogado ha reiterado en varias ocasiones que a raíz de sus señalamientos hacia Funes, ha recibido amenazas de muerte en su contra y personas sospechosas le habrían dado seguimiento a él y a su familia.
Los problemas legales de Funes empezaron a principios de 2016, cuando el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorizó un juicio civil por enriquecimiento ilícito en su contra. Luego de un largo proceso, en noviembre de 2017 la Cámara Segunda de lo Civil lo encontró responsable de dicho delito, junto a su hijo Diego Funes Cañas, por no justificar cerca de $420 mil en incremento patrimonial.
Dicha resolución fue apelada por Funes y actualmente se ventila en la Sala de lo Civil de la CSJ. Dicho procedimiento ha sido cuestionado por la Fiscalía, ya que considera que magistrados con conflictos de interés habrían intervenido en el conocimiento de la apelación.
Luego de esto, la Fiscalía anunció en 2017 que se investigaba los vínculo entre la campaña presidencial de Mauricio Funes y la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, la cual financió campañas de candidatos que luego se convirtieron en presidentes de diversos países latinoamericanos, a cambio de favorecerlos en la concesión de obras públicas.
Entre otras cosas, la Fiscalía descubrió en base a declaraciones de testigos del caso que se siguió en Brasil, que Funes habría recibido al menos $1,5 millones durante su campaña presidencial para las elecciones de 2009 y que las gestiones para ese desembolso las habría efectuado Vanda Pignato, entonces emisaria del Partido de los Trabajadores de Brasil en El Salvador.
Todas estas investigaciones llevaron a la Fiscalía a decretar el pasado 11 de junio, casi dos años después de la denuncia de Ricardo Núñez, orden de captura contra Funes y otros 30 implicados en lo que denominó como: “Operación Saqueo”.
La Fiscalía sostiene que Funes hizo uso de una modalidad de sustracción de fondos públicos que logró saltarse la prohibición de la Sala de lo Constitucional de laCSJ, que declaró inconstitucional el 25 de agosto de 2010 lo que se conoció como “partida secreta”. En otras palabras, esto se basaba en transferencias de los sobrantes presupuestarios de otras entidades públicas, que eran trasladadas sin ningún control a Casa Presidencial.
En esa ocasión, la Sala dictaminó que estas transferencias no se podían realizar sin el consentimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la Hacienda pública habría continuado trasladando efectivo hacia Casa Presidencial, la cual lo canalizaba a través de diversas partidas.
Eso explica el surgimiento de un rubro en Casa Presidencial, llamado “partida de gastos reservados” en 2011, a la cual la Asamblea Legislativa la asignó un monto inicial en ese mismo año, pero que según la Fiscalía habría recibido más efectivo, sin el conocimiento del Primer Órgano del Estado.
La investigación de la Fiscalía consigna que la Asamblea inicialmente asignó un poco más de $80 millones a la partida de gastos reservados. Desde el inicio de la presidencia de Funes, agrega la investigación, Casa Presidencial solicitó refuerzos presupuestarios por medio de notas al Ministerio de Hacienda, con lo cual se extrajo $54 millones más para engrosar esta partida.
Este tipo de partidas también fueron creadas en otras instituciones públicas, señaló la Fiscalía. Con estas partidas, el mecanismo de movilización de fondos públicos funcionaba de esta manera: El Consejo de Ministros, a través de la solicitud del secretario Cáceres, autorizaba el traslado de gastos a la partida de gastos imprevistos de Casa Presidencial, sin que existiera mayor justificación al respecto.
En cinco años, la partida de gastos imprevistos de Casa Presidencial se incrementó hasta totalizar los más de $351 millones que habría malversado Funes, indicó la Fiscalía. Este monto constituye cerca del 51 por ciento del presupuesto que la sede de gobierno manejó en el quinquenio de Mauricio Funes, el cual sobrepasó los $689 millones.
Con los fondos reasignados, el gerente financiero institucional de Casa Presidencial, Francisco Arteaga, realizó la redirección de fondos, creando para ello ocho cuentas en el Banco Hipotecario, siete de las cuales estaban a su nombre y la otra, a nombre del colaborador del Secretrio Privado, Pablo Gómez.
En relación con las cuentas abiertas por Arteaga, en estas solo quedaron $0.68 al concluir la gestión de Funes. La Fiscalía destacó que más de $292 millones fueron sacados en efectivo, siendo Pablo Gómez el encargado de sustraerlo, usando para ello bolsas negras usadas para jardinería.
Actualmente Funes se encuentra asilado por el gobierno de Nicaragua, que lo considera un perseguido político. El ex jefe de Estado está a la espera que Interpol resuelva emitir una difusión roja en su contra, la cual facilitaría su captura para que responda ante la justicia.
Por su parte Pignato, aparte del proceso que enfrenta por delitos de corrupción, es acusada además de tratar de convencer a la Fiscalía que alguien había falsificado su firma en la compraventa de un vehículo que pertenecía a Miguel Menéndez, “Mecafé”, quien se encuentra encarcelado por encabezar la red de corrupción de Mauricio Funes.