El proceso duró varios años. Pero el 3 de julio de 2017, el fiscal general Douglas Meléndez anunció que había alcanzado un acuerdo con Pacific Rim Cayman LLC. El objetivo era finalizar todo pleito legal y evitar más costos para el Estado.
El caso se remonta a 2004, cuando la minera canadiense Pacific Rim solicitó permiso para extraer oro en El Salvador pero el Estado lo rechazó por considerar que la empresa carecía de los requisitos para ello.
En 2009, la empresa recurrió al tribunal de Solución de Controversias sobre Inversiones (CIADI), una instancia que pertenece al sistema del Banco Mundial, solicitando 250 millones de dólares en compensaciones. En 2008, el gobierno salvadoreño implementó una suspensión general de todas las licencias de minería metálica.
En octubre de 2016, el CIADI resolvió a favor del Estado salvadoreño en el arbitraje contra la empresa minera Pacific Rim y ordenó pagar una compensación económica.
En el proceso, la empresa minera no pudo demostrar que se le había violado ningún derecho. En cambio, El Salvador demostró que no había incumplido con la ley de minería.
Como parte del acuerdo, la empresa minera pagó $8,097,072 correspondiente al pago pleno y total del laudo arbitral. A cambio, la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó cesar inmediatamente todos los esfuerzos destinados a la ejecución del laudo y, además, se comprometió a revertir cualquier acción realizada hasta la fecha.
“La liquidación se hace luego que las partes han llegado a un acuerdo donde la empresa minera se ha comprometido a no promover ninguna acción de nulidad del laudo y por su parte la FGR no continuará con las acciones de cobro”, decía el comunicado de la Fiscalía.
Luego agregaba: “En consecuencia a lo anterior, la Fiscalía en representación de El Estado de El Salvador expresa su satisfacción por el acuerdo logrado y el pago efectuado por la empresa minera. Con esto se logra finalmente un resultado positivo en beneficio de los intereses del país y de la población”.