El Gobierno de El Salvador liberó hoy a una mujer condenada en el 2000 a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado, cometido supuestamente al abortar, informó el Ministerio de Seguridad.
La liberación de Mariana López se dio tras la conmutación de su pena, beneficio otorgado por el Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén en mayo pasado, luego de tener el visto bueno de expertos penitenciarios y la Corte Suprema de Justicia.
«Voy a estar con mi hija, la voy a ver crecer. A ella pienso darle todo lo mejor», dijo la mujer liberada, quien aseguró que tratará de instalar una panadería con los conocimientos que obtuvo en esta área en programas de reinserción.
La fémina llamó a Sánchez Cerén a otorgar la conmutación de la pena a otras 25 mujeres encarceladas por delitos ligados al aborto, porque «merecen una oportunidad, merecen que se estudien sus casos».
En lo que va del 2017, el Gobierno salvadoreño ha dejado en libertad al menos a 2 mujeres condenadas a penas cercanas a los 30 años de prisión por homicidio agravado, quienes fueron encarceladas por supuestamente abortar, según las organizaciones sociales.
Una corte de Paz también liberó el pasado 21 de junio a Elsi Rosales, de 26 años, por la «inexistencia» de pruebas de que haya cometido el delito de homicidio agravado al supuestamente abortar en agosto de 2017.
El Salvador es uno de los pocos países del mundo en los que el aborto está prohibido en todas las circunstancias, y donde las mujeres que sufren complicaciones del embarazo, que provocan abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son a menudo acusadas de homicidio agravado por la Fiscalía.
En octubre de 2016, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso al Congreso la despenalización del aborto en los casos en que exista violación, riesgo de muerte de la madre o inviabilidad fetal.
No obstante, entidades que promueven la despenalización del aborto han señalado que esta iniciativa tiene pocas probabilidades de avanzar, dado que la derecha obtuvo la mayoría de los escaños del Congreso en las elecciones del marzo pasado.
El pasado 5 de febrero, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnes Callamard, instó a El Salvador a declarar una «moratoria» para la aplicación de la prohibición del aborto, que a su juicio genera muertes arbitrarias atribuibles al Estado.