El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador se declaró incompetente en el caso Carla Ayala y envió el proceso a un juzgado especializado.
“Unidad Especializada Antihomicidios informa: juzgado 8° de instruccion S.S. modifica la calificación jurídica a Feminicidio en el caso Carla Ayala (tal y como lo había planteado la FGR) y se declara incompetente. Ordena pasar el proceso a la jurisdicción especial de la mujer”, escribió la Fiscalía en su cuenta oficial de Twitter.
El pasado 4 de junio, el fiscal general Douglas Meléndez brindó una conferencia de prensa junto al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, para informar que habían ordenado nuevas capturas y que acusarían a algunos de los imputados por el delito de feminicidio.
De esa manera asumieron que la agente Carla Ayala, cuyo cadáver no ha sido encontrado, ya está muerta. El juez Octavo de Paz cambió la calificación del delito de feminicidio a homicidio agravado. Sin embargo, el juez de Instrucción volvió a modificar el delito a feminicidio.
El juez de Paz decidió decretar detención provisional en contra de cuatro imputados por el homicidio agravado. A los demás les decretó medidas sustitutivas a la detención a cambio de una fianza de $1,500.
La agente Carla Ayala desapareció el pasado 30 de diciembre luego de participar en una fiesta de fin de año en el extinto Grupo de Reacción Policial (GRP). La hipótesis es que, al finalizar la fiesta, el agente Juan José Castillo atacó a balazos a su colega y luego la privó de libertad. Desde entonces nadie supo de ella.
Luego hubo hechos confusos y contradictorios. Por ejemplo, los rumores sobre la posible localización del cadáver de la agente Carla Ayala trascendieron el pasado 26 de febrero. Casi dos meses después de su desaparición.
En redes sociales comenzó a circular que el cadáver de la agente Carla Ayala había sido localizado en un cementerio del municipio de San Francisco Javier.
Un día después, Howard Cotto brindó una conferencia de prensa donde explicó que, según información de inteligencia policial, familiares de Juan José Castillo, exagente del Grupo de Reacción Policial (GRP), habían sepultado a la policía desaparecida en ese lugar.
Cotto explicó que las investigaciones indicaban que los familiares de Castillo, quien se encuentra prófugo de la justicia, habían fingido el fallecimiento de un pariente del que no había mayores datos; y que, incluso, habían pedido a un médico un acta de defunción.
Todo resultó ser falso. Cuando los forenses abrieron el ataúd encontraron el cadáver de una nonagenaria identificada como Paula Castro Lobo. El jefe de la PNC se limitó a decir que todo había sido un error. Los familiares de la exhumada reclamaron con enfado. Pero no hubo más allá de una simple disculpa.
Desde entonces poco o nada han avanzado las investigaciones. No hay elementos nuevos. Hasta este lunes que las autoridades informaron sobre la captura de diez personas, entre ellas tres civiles y siete exagentes del GRP. Uno de los detenidos es el exjefe del GRP, Julio César Flores.