El juez 5° de Paz de San Salvador aplazó hasta el próximo miércoles la decisión sobre el futuro judicial del expresidente Mauricio Funes, dado a que no tuvo representación legal durante la audiencia inicial por la supuesta malversación de $351 millones durante su gestión.
El tribunal dio a conocer este lunes su fallo contra la estructura de Funes y 31 personas más a las que la Fiscalía acusa de extraer y lavar la millonaria cifra procedente de fondos públicos.
El juzgador envío el proceso contra 17 de los acusados a la etapa de instrucción y ordenó la detención preventiva, mientras que para los otros 15, entre ellos Funes, su cónyuge y dos de sus hijos asilados en Nicaragua, dictará resolución en una audiencia con vista de requerimiento.
Un portavoz del Órgano Judicial explicó a periodistas, tras la lectura del fallo de la audiencia inicial, que se realizó entre la mañana del domingo y la madrugada del lunes, que si los acusados no envían representación, el juez nombrará defensores públicos para dictar su resolución.
Funes se encuentra asilado en Nicaragua desde octubre de 2016 junto a su pareja, Ada Michelle Guzmán, y sus hijos Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco, situación legal que impide su detención sin la autorización del Gobierno de Daniel Ortega.
Pese al aplazamiento, el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF), Jorge Cortez, aplaudió la resolución contra los 17 y apuntó que el juzgador calificó de «indignante» la conducta atribuida a Funes.
«Es un caso bien complejo, de muchos meses de investigación, y ahora tenemos un resultado en beneficio de la población», porque «consideramos que la resolución es muy oportuna, ajustada y muy bien analizada», dijo a periodistas Cortez.
Por otra parte, el juez ordenó la detención de la exprimera dama y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, pese a que la Fiscalía no solicitó el arrestó por su estado de salud.
Francis Vaquero, defensora de la funcionaria de origen brasileño, informó a la prensa sobre la orden y se mostró sorprendida con la decisión del juzgado, quien también ordenó el embargo de algunos bienes de los procesados.
«No comprendemos por qué el juez ha tomado esta decisión excesiva», apuntó Vaquero, quien señaló que Pignato no asistió a la audiencia inicial por un quebranto de salud del que presentaron constancia y que eliminaba el riesgo de fuga.
El fiscal general, Douglas Meléndez, informó el pasado 8 de junio que Pignato supuestamente se benefició con más de 165,000 dólares en depósitos a cuentas bancarias, pago de préstamos y tarjetas de crédito, así como la compra de un vehículo de lujo con dinero en efectivo.
Entre las personas que no enviaron representación legal al inicio del proceso también se encuentra la hermana de la funcionaria, Christina Pignato, quien llegó al país en 1992 para representar al brasileño Partido de los Trabajadores.
De acuerdo con Meléndez, Funes y el empresario de seguridad privada Miguel Menéndez encabezaron una estructura en la Casa Presidencial con la que sustrajeron los más de 351 millones de dólares a 8 cuentas particulares y de las que sacaron más de 292 millones en efectivo.
Funes, quien llegó a gobernar bajo la bandera del «cambio» del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ante la corrupción de administraciones anteriores, es el tercer presidente salvadoreño desde que el país entró a la vida democrática en ser acusado de apoderarse de dinero público.
Además de Funes, Elías Antonio Saca está detenido por malversar más de 300 millones de dólares y el fallecido Francisco Flores fue procesado por supuestamente apropiarse de 15 millones de dólares donados por Taiwán.