El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, mostró este domingo su «disconformidad» con la política de seguridad del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, quien arrancó el pasado viernes su último año al frente de la Presidencia.
El religioso señaló que «siempre hay personas que critican y otras que elogian» las labores de los gobiernos, pero «no es secreto para nadie que hay bastante disconformidad, que la sociedad esperaba mejores resultados y yo estoy al lado de la población, y de acuerdo con la opinión de la gente».
Escobar Alas recordó la última encuesta de población publicadas por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), que se dio a conocer a finales de mayo, «que recogen el descontento general» en el ámbito de seguridad.
«Nosotros también estamos de acuerdo con el Idhuca, porque son Iglesia, son jesuitas, y como tal estamos a su lado y nos hacemos eco de sus opiniones y publicaciones», señaló el arzobispo capitalino.
Subrayó la «necesidad» de revisar los planes de seguridad implementados por el Gobierno para que «las cosas mejoren y se investiguen todos los casos conforme a la justicia, para acotar la violencia», porque «mientras tengamos un alto grado de impunidad no se hará justicia ni se respetarán los derechos de las personas».
Instó al Ejecutivo a «combatir la injusticia social y la violencia en todos sus ámbitos, y una forma de injusticia y de violencia es la impunidad».
Entre el 1 de enero y el 29 de mayo de 2018, la cifra de asesinatos, atribuidos principalmente a las pandillas, se incrementó en un 6 por ciento en comparación con el mismo período de 2017, según fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
En este período fueron asesinas 1.486 personas frente a las 1.399 registradas entre el 1 de enero y el 29 de mayo de 2017.
El Gobierno sostiene que el incremento se debe a una «depuración» en el interior de las pandillas, que poseen más de 600 células en todo el país, pero los datos que a diario brinda la PNC contradicen el dato, ya que solo entre el 20 y el 33 por ciento de los asesinados son pandilleros.