La Fiscalía General de la República (FGR) exigió este jueves a la Policía Nacional Civil (PNC) la captura de los 21 prófugos en el caso de corrupción que implica al expresidente Mauricio Funes en una red de corrupción que sustrajo $351 millones de fondos públicos.
Lo anterior, como reacción a la presentación del exsecretario de Comunicaciones de Funes, David Rivas, ante el juzgado Quinto de Paz de San Salvador, que lo requería por los delitos de lavado de dinero y activos.
El Ministerio Público consideró la actitud de Rivas como una maniobra para evitar y la cárcel y que se le dicte una medida sustitutiva para enfrentar la fase de instrucción en el caso.
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El pasado 8 de junio, la Fiscalía informó que se habían girado 31 órdenes de captura como parte de la denominada “Operación Saqueo”, que consiste en una red encabezada por el expresidente Funes, quien en su período sustrajo dinero público a través de modificaciones presupuestarias a través del Ministerio de Hacienda. Todo esto, en contravención a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en 2010 declaró inconstitucional la transferencia de sobrantes presupuestarios de instituciones públicas, sin la autorización de la Asamblea Legislativa.
Los operativos en torno a este caso iniciaron la noche del 4 de junio, cuando se confirmó la captura del empresario Miguel Menéndez Avelar “Mecafe”, íntimo amigo de Mauricio Funes y expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).
Desde esa fecha solo se han efectuado otras seis capturas más, siendo la última la de la ex Primera Dama de la República, Vanda Pignato, quien actualmente se encuentra en un hospital privado de Santa Tecla, bajo custodia policial.
Hay que tomar en cuenta que Pablo Gómez. Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Herrera, tres implicados en el caso Funes, ya guardan prisión por su implicación en el caso de corrupción que implica al expresidente Elías Antonio Saca.
El juzgado Quinto de Paz realizará mañana una audiencia de requerimiento en la que definirá el destino legal de 15 implicados en el caso a los que no se les ha dictado prisión preventiva. Entre ellos el expresidente Mauricio Funes, quien está asilado por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.