El Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción respaldó, a través de un comunicado de prensa, el trabajo del fiscal general de la República, Dogulas Meléndez, en su lucha contra la corrupción en El Salvador.
Dicha entidad social conformada por La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), la Asociación DTJ (Democracia -Transparencia-Justicia), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) y Techo, aseguraron que la corrupción es «un mal que aqueja a nuestra sociedad y agudiza los problemas de la pobreza, desigualdad y violencia», por lo que es necesario la investigación de casos como el del expresidente de la República, Mauricio Funes.
«Reconocemos las acciones que la FGR está llevando a cabo en el denominado «Saqueo Público», en cuanto ha requerido una larga y completa investigación. Desde luego, la presentación del caso es solo el principio, y esperamos que los fiscales sean capaces de sustentar los hechos alegados en la acusación con prueba contundente, incluyendo pericias contables, documentación además de testimonios clave», afirmó dicha organización.
El Consocio reiteró que es responsabilidad de todos los salvadoreños luchar contra la corrupción , ya que se trata de un problema «generalizado» y que ocurre en «grandes y pequeñas escalas»; por ello, que debe ser erradicado en defensa de las futuras generaciones.
«La persecución penal de los delitos de corrupción es paso decisivo contra la impunidad y la corrupción. Es por ello que expresamos nuestro respaldo a la labor desempeñada por la Fiscalía General de la República, especialmente al seguir casos de corrupción contra expresidentes de la República de distinto color político, denotando su independencia», afirmó el Consorcio.
La organización social exhortó al Órgano Judicial y especialmente a los jueces que ven al caso de Mauricio Funes, acusado de apropiarse de $351 millones y el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, señalado por desviar $246 millones del erario público, a que «sean imparciales y garanticen el debido proceso».
«Damos un voto de confianza a nuestro sistema institucional, creemos que es capaz de defender los intereses de los ciudadanos y el imperio de la ley, la cual debe aplicar a todos por igual», concluye el comunicado de prensa.