Cuando la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la partida secreta, en agosto de 2010, el entonces presidente Mauricio Funes creó un nuevo mecanismo para manejar fondos reservados.
La sentencia establecía que el presidente de la República ya no iba a poder disponer de dinero destinado para gastos reservados, pues, según los magistrados constitucionalistas, todas las actividades del Estado son de orden público.
La misma sentencia establecía que todas las transferencias de dinero, de un ministerio a otro, debían ser avaladas por la Asamblea Legislativa. Fue entonces que Funes creó un sistema “sofisticado” para seguir teniendo dinero para gastos reservados.
El gobierno de Funes creó oficinas contables. El mecanismo era el siguiente: el secretario Privado, Francisco Cáceres, le solicitaba al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, millonarias cantidades de dinero para inversiones sociales, para gastos en comunicaciones y para financiar actividades del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
Pero nunca hubo una justificación detallada de los proyectos o actividades donde supuestamente se invertiría el dinero. Los millones se movían pero nunca hubo constancia de su destino. Así lo detalló este lunes el fiscal general, Douglas Meléndez.
Las transferencias de dinero no se hacían por simple solicitud del secretario Privado. No. También había un acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros. En algunas ocasiones los ministros se reunían y avalaban el documento. En otras ocasiones lo aprobaban a través de correo electrónico.
“Los ministros acordaban y aprobaban. Pero, según nos han dicho algunos testigos, algunas de estas aprobaciones se hacían en forma informática, por correo electrónico. Esta estructura fue creada posterior a la Sentencia de la Sala, es decir que pasaron por encima de la sentencia”, detalló el fiscal general.
Luego que el Consejo de Ministros aprobaba la transferencia de fondos, el dinero era movido a Casa Presidencial y era puesto bajo el concepto de gastos reservados. Después el dinero era movido a ocho cuentas que fueron creadas en el Banco Hipotecario a nombre de Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez (ambos encarcelados por participar en los actos de corrupción durante el gobierno del presidente Elías Antonio Saca).
De esas cuentas bancarias el dinero se extrajo en efectivo. La dinámica era la siguiente: Pablo Gómez llegaba los días miércoles al Banco Hipotecario y se llevaba el dinero en bolsas de basura color negro. Ese dinero, según la Fiscalía, el presidente Mauricio Funes y varios exfuncionarios lo lavaron en la compra de propiedades y en inversiones varias.
La Fiscalía ha pedido orden de captura contra el expresidente Mauricio Funes por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. Lo acusa por el saqueo de $351 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de la información que maneja el fiscal, son pocos los del Consejo de Ministros que han sido acusados por complicidad con el exmandatario.
El Consejo de Ministros del expresidente Mauricio Funes estaba conformado por sus secretarios y todos los ministros. Salvador Sánchez Cerén, actual presidente de la República, fungía como ministro de Educación; David Rivas, secretario de Comunicaciones; José Francisco Cáceres, secretario Privado de la Presidencia; María Isabel Rodríguez, ministra de Salud; German Rosa Chávez, ministro de Medio Ambiente; Napoleón Duarte, ministro de Turismo; Humberto Centeno, ministro de Gobernación; Armando Flores, ministro de Economía; Alex Segovia, secretario Técnico de la Presidencia; David Munguía Payés, ministro de Defensa; Carlos Cáceres, ministro de Hacienda, y otros.