Indignados. Así se sintieron los fiscales cuando comenzaron a desenredar el aparato de corrupción que había montado el expresidente Mauricio Funes. Los informes sorprendían a todos. Muy pronto comenzaron a proponer nombres para la investigación. Algunos propusieron ponerle “Operación Cloaca”. Dos meses después, más indignados por lo que habían encontrado, los mismos fiscales propusieron nombrarla “Operación Rata”. Tiempo después, los mismos fiscales sugirieron denominarla “Operación Piñata”. Finalmente la llamaron “Operación Saqueo Público”.
“Los fiscales me decían en un inicio que a esta investigación había que ponerle Operación Cloaca. Es una cloaca lo que nos hemos encontrado aquí, me decían. Luego vinieron a decirme: No, mire, aquí lo que nos hemos encontrado es a un montón de ratas que se han robado el dinero del pueblo”. Con esas palabras recuerda esos momentos el fiscal general, Douglas Meléndez.
La investigación era compleja. Meléndez delegó a un equipo de 10 fiscales para que indagaran el caso. Pero fueron dos mujeres las que se le acercaron para decirle que ellas investigarían a profundidad al expresidente Mauricio Funes. Así lo hicieron.
“El expresidente Funes creó una estructura tan sofisticada que costó tanto tiempo a nosotros poder penetrarla. Nos hemos tardado casi dos años. Encontramos una información contable grandísima, información de bancos, del ministerio de Hacienda. Cientos de papeles, miles de papeles. Este señor Mauricio Funes creó una estructura casi perfecta para sacar bienes del Estado”, dice Meléndez.
En agosto de 2016, cuando faltaban dos meses para que el expresidente Elías Antonio Saca fuera capturado, los fiscales tuvieron información que el círculo del expresidente Mauricio Funes estaba haciendo movimientos bancarios.
El exmandatario, por su parte, ya se encontraba tramitando asilo en Nicaragua. No solo para él, sino también para su familia. En un inicio lo negó. Aseguró que se encontraba en ese país por cuestiones de trabajo.
No obstante, días después, la información que había recibido la Fiscalía resultó cierta: el gobierno de Daniel Ortega le concedió asilo político a Funes y a su familia.
El expresidente esgrimió que en El Salvador corría peligro su vida porque estaba siendo perseguido por la derecha y por la Fiscalía.
Fue en ese momento que el fiscal Douglas Meléndez, aún sin tener mayores indicios, ordenó que se allanara las propiedades del expresidente Funes y varios de sus amigos más cercanos.
“Tuvimos que hacer los allanamientos porque tuvimos información de que había movimientos tanto de dinero y de personas. Por supuesto que en ese momento no estábamos preparados con la investigación. Ahí comenzamos con esta investigación”.
La Fiscalía considera que Funes lavó 10 millones dólares a través de la compra de vehículos y de inmuebles, alquiler de inmuebles para sus amigos, viajes de placer, compras de armas de fuego por medio de prestanombres, pago de hospital no solo para familiares sino que para otro tipo de personas cercanas, compra de artículos de lujo, dinero en efectivo, pago de impuestos y de construcciones, transferencias de dinero sin justificación legal.
El pasado viernes, la Fiscalía presentó el caso y detalló que en el gobierno de Mauricio Funes se desviaron $351 millones de las cuentas públicas. Se crearon ocho cuentas particulares: siete de esas cuentas a nombre de Francisco Rodríguez Arteaga y una a nombre de Pablo Gómez. En esas cuentas se movieron 292 millones de dólares.
La Fiscalía acusó el pasado domingo a 32 personas vinculadas a la red de corrupción del expresidente Mauricio Funes. Entre ellos está su exesposa Vanda Pignato y su actual pareja, Ada Michelle Guzmán, conocida como “La Michy”, y sus suegros Ada Luz Sigüenza y Juan Carlos Guzmán. También hay orden de captura contra sus hijos Diego Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velásco. Así como contra Regina Cañas, conocida como “Tía Bubu”, exesposa del exjefe de Estado. Estos últimos son prófugos de la justicia.