lunes 28 de octubre del 2024

Piden investigar supuestos actos de corrupción de presidenta FOSOFAMILIA

por Redacción


La funcionaria fue condenada por el TEG en 2016 por aumentar sus gastos de representación en reuniones en las que ella estuvo presente.

La presidenta de FOSOFAMILIA, Rosibel Paredes Caballero, aparentemente tendría una red de plazas fantasmas en dicha entidad pública, de acuerdo con denuncias ciudadanas.

Las denuncias apuntan a que Paredes Caballero estaría a la cabeza de una supuesta red de plazas fantasmas y otros beneficios entregados por compadrazgo, iniciando con la exdirectora ejecutiva de dicho Fondo, Jaqueline Chávez, quien habría ingresado a un compañero de vida a trabajar a la institución.

La red continuaría con la jefe de Recursos Humanos, quien a su vez tendría a un compañero sentimental con una plaza. Este mismo personaje sería esposo de la actual directora ejecutiva de FOSOFAMILIA y además tendría a una hermana trabajando como la jefe de Auditoría.

La misma Paredes Caballero tiene presuntamente a su nuera como la jefe de la Unidad de Género, de acuerdo con la denuncia. Dicha entidad pública que ofrece créditos a emprendimientos familiares, se define a sí misma como una organización “con enfoque de género”.

En las últimas semanas se han hecho públicas diversas denuncias de plazas fantasmas en diversas instituciones públicas como el Órgano Legislativo y algunos concejos municipales.

La presidenta de FOSOFAMILIA no es ajena a denuncias de corrupción en su gestión que empezó a finales de junio de 2014. Paredes Caballero fue denunciada ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), el cual emitió una resolución condenatoria en su contra en 2016.

En aquella ocasión, la denuncia contra la funcionaria consistió en que ella estaba comprando alimentos para las reuniones del concejo directivo de FOSOFAMILIA en un chalet de su propiedad, además se le señaló por aumentar sus dietas y sus gastos de representación de forma desproporcionada.

En la resolución del TEG se consigna que Paredes Caballero solicitó en una reunión de concejo que se le asignaran $500 al mes en gastos de representación, y unas reuniones más tarde solicitó que  dichos gastos pasaran a $2,000. En ambas ocasiones se aprobaron dichas peticiones y en dichas reuniones la funcionaria en cuestión estuvo presente.

Estos hechos se confirmaron y repercutieron en una sanción económica de tres salarios mínimos en contra de Paredes Caballero. Solo en 2014, la presidenta de la institución percibió $3,000 en dietas y $9,000 en gastos de representación, apunta la resolución.