El presidente de Fundación Transparencia, Fito Salume, señaló que Rolando Castro, jefe de la Unidad de Plazas y Jardines de la Alcaldía Municipal de San Salvador, continúa utilizando los recursos e infraestructura de la comuna para atacarlo, tras las denuncias de supuestos ilícitos por parte del empleado municipal.
El presidente de Fundación Transparencia dijo que Rolando Castro lo comenzó a atacar desde que él hizo públicas una serie de denuncias ciudadanas en las que se enumeran indicios de actos de corrupción que estaría realizando el empleado de la alcaldía, quien usa a su antojo la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM).
Salume recordó que él, así como muchas personas y empresarios, pagan sus impuestos y tasas municipales y, por tanto, tienen derecho de reclamar que los fondos de la alcaldía sean manejados de manera correcta.
Sobre el uso indebido de los recursos de la municipalidad y de ASTRAM por parte de Rolando Castro, Fito Salume afirmó: “Es un fraude a la economía pública y de la municipalidad, además de constituir una evidente falta de ética y moralidad”.
Ante esta situación, el presidente de Fundación preguntó: “¿Permitirá Ernesto Muyshondt y su concejo municipal que Rolando Castro continúe usando los recursos de la alcaldía y de ASTRAM para seguir difamándome?”.
Incumplimiento de deberes
Salume dijo que si el nuevo alcalde y su concejo, en caso de no ordenar una investigación sobre la serie de señalamientos, presuntamente estarían cometiendo el delito de incumplimiento de deberes, ya que, según la normativa legal vigente, es deber del jefe edilicio y su concejo velar uso adecuado uso de ingresos de la alcaldía.
El delito de incumplimiento de deberes está consignado en el artículo 321 del Código Penal y establece que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Agrega que “cuando el incumplimiento del deber dé lugar a un hecho delictivo, o sea motivo de otro, la sanción se incrementará en una tercera parte del máximo establecido e inhabilitación del cargo por igual período”.
Relación con Enrique Rais
Rolando Castro, además de trabajar en la alcaldía, también sería empleado de Enrique Rais. Castro es un personaje que presuntamente influye para favorecer en los múltiples negocios con la Alcaldía de San Salvador al prófugo de la justicia Enrique Rais. Los nexos han sido denunciados en distintos medios de comunicación.
Uno de los negocios de la Alcaldía con serios conflictos de intereses para Rolando Castro son los negocios con la empresa Hydro Oil, cuyas acciones en un 99% pertenecen a Enrique Rais, la cual ha sido la ganadora de licitaciones para el suministro de combustibles que consume la Alcaldía de San Salvador durante tres años consecutivos como único ofertante. Es un hecho que llama la atención de Fundación Transparencia porque es conocido que en el país existen varias empresas muy competitivas que están en el negocio y normalmente bajo condiciones equitativas estarían ofertando grandes volúmenes que requiere la Alcaldía.
Según fuentes de la alcaldía, Hydro Oil ha participado en las licitaciones de la comuna de manera irregular en la gestión pública porque es el único oferente, maniobra que es dirigida Rolando Castro.
Fundación Transparencia envió al alcalde de San Salvador Nayib Bukele y a su Concejo Municipal documentos que probarían la existencia de una amplia y profunda red de corrupción en la comuna capitalina.
Los documentos son una serie de listas de presuntas plazas fantasmas en el interior de la alcaldía y que estarían siendo pagadas con dinero público, es decir, con los impuestos que la municipalidad le cobra a los capitalinos. El cabecilla de esa red de corrupción sería Rolando Castro.
Documentos enviados por Fundación Transparencia al alcalde de San Salvador y a miembros del concejo municipal.
Denuncia en la que delatan a Rolando Castro como empleado del prófugo Enrique Rais.
Denuncia sobre entrevista televisiva.
Denuncia sobre asesinato de sindicalista.
Denuncia sobre beneficios de familia de Rolando Castro.
Denuncia sobre abogado de Rolando Castro.
Denuncia sobre amenazas de muerte de Rolando Castro.
Denuncia sobre descuentos que hace Rolando Castro a empleados.
El alcalde Nayib Bukele y su concejo
En su momento, Fundación Transparencia envió documentos señalados en esta nota, incluyendo montos de miles de dólares sustraídos por medio del mecanismo plazas fantasmas.
Una de las denuncias ciudadanas detalla las personas que cobran y no trabajan. Serían personas ajenas a la alcaldía y que presuntamente entregan el dinero a Rolando Castro.
Los documentos son una serie de listas de plazas fantasmas en el interior de la alcaldía y que estarían siendo pagadas con dinero público, es decir, con los impuestos que la municipalidad le cobra a los capitalinos.
Entre los documentos hay uno titulado “Nómina de personal que cobra salarios y horas extras sin trabajar en la alcaldía de San Salvador”. Abajo aparecen centenares de personas que están siendo pagadas por servicios que no realizan. Hay salarios desde 300 hasta más de 1,000 dólares.
Otra de las denuncias que llegó a Fundación Transparencia es que Rolando Castro tiene a su servicio entre cuatro y seis guardaespaldas que estarían siendo pagados por la alcaldía de San Salvador. Las interrogantes que surgen son lógicas: ¿Cómo un coordinador de áreas verdes de una alcaldía (cargo de segundo nivel) tiene a su disposición hasta seis guardaespaldas?
En los documentos que la Fundación envió a la alcaldía de San Salvador hay otro titulado “Listado de Personal con Jugosos Sueldos Haciendo Labor Política y de Represión”. El listado lo encabeza Rolando Castro. Según los sellos y firmas, esa lista existe desde la administración de Norman Quijano, pero fue rubricada por Nayib Bukele en 2015, es decir, el año que tomó posesión del cargo.
Fundación Transparencia considera que le corresponde al alcalde y a su concejo investigar y denunciar las irregularidades que encuentren para que sea la Fiscalía General de la República (FGR) quien posteriormente defina responsabilidades penales.
Delito de desórdenes público
El pasado 22 de marzo, el jefe de Parques, Plazas y Zonas Verdes de la alcaldía de San Salvador instigó desde un programa televisivo a un grupo de miembros de ASTRAM para que protestaran frente a MOLSA.
Las personas bloquearon las calles del Bulevar del Ejército y crearon un caos vehicular. La gente que transitaba por esas arterias se quejó porque les tocó caminar para llegar a sus trabajos. Otros llegaron tarde.
Pero, además, los manifestantes intimidaron a los empleados de MOLSA. Por eso, Salume aseguró que lo demandaría penalmente por el delito de desórdenes públicos.
El artículo 348 del Código Penal específica que el delito de desórdenes públicos se configura “cuando dos o más personas alteran el orden público obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas para los que por ellas circulen o impidiéndoles la libre circulación o tránsito o invadiendo instalaciones o edificios serán sancionados con prisión de dos a cuatro años”.